Marea Blanca Aragon

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miércoles, 27 de marzo de 2013

PUBLICACIONES DEL DR. CARLOS BARRA GALÁN (hospital de Mostoles).  Ponente en la Charla "La lucha contra la privatización de la Sanidad de Madrid"




¡Por fin marea blanca!

 
 Hace tan sólo unas horas, me manifestaba por las calles de Madrid contra la
política depredadora que el Gobierno Regional del PP está llevando a cabo en
la sanidad pública madrileña; era una más de las numerosas ocasiones en que
junto a otros ciudadanos había ejercido ese derecho fundamental para protestar
 por la política privatizadora sanitaria que desde 2003 se realiza en la
 Comunidad de Madrid.
Sin embargo en la mañana de este 18 de noviembre percibí enseguida que la
  movilización tenía algo distinto en relación a las anteriores; podía
constatarse que junto a las plataformas y coordinadoras que llevan años
manifestándose, denunciando el desmantelamiento progresivo de nuestro
sistema sanitario público, muchísimos trabajadores del sector y un número
mayor de facultativos estaban presentes; parecía que por fin, las mentiras
reiteradas del gobierno regional, su nefasta gestión tanto económica como
de recursos humanos así como la salvaje privatización recientemente
anunciada habían hecho despertar y ocupar la calle a quienes no creyeron
pudiesen ser agredidos por la política del gobierno de la Comunidad de
Madrid. Por fin la marea blanca ocupaba la plaza pública en un ejercicio de
rebelión democrática ante la usurpación por parte del gobierno regional de
un patrimonio de todos, nuestro sistema público de salud; por fin una masiva
 manifestación hacía visible la reaccionaria política gubernamental ( dejo a
la Delegación del Gobierno la cuantificación del número de asistentes
valorando el gran rigor y seriedad con que habitualmente hace esa función).

Llegados a este punto, en mi opinión sería bueno se estableciesen una serie
de consideraciones:

-        En primer lugar, la absoluta necesidad de mantener una unidad de
acción de todas las organizaciones sociales y sindicales; teniendo en cuenta
las formas escasamente democráticas que caracterizan las actuaciones del
gobierno regional esa unidad es imprescindible para garantizar una respuesta
contundente ante cualquier agresión al sistema sanitario. La reciente
convocatoria de huelga por parte de las organizaciones sindicales presentes
en la mesa sectorial pudiera servir de germen para ello, aunque en mi opinión
sería bueno hacer partícipe de esas decisiones al conjunto de organizaciones
sociales y sindicales que también día a día luchan para mantener el carácter
 público del sistema. El objetivo de la huelga, debe ser la retirada de TODAS
Y CADA UNA de las medidas anunciadas por el Gobierno del Sr. Ignacio
González.

-        Asimismo y como garantía de la salud de nuestro sistema democrático,
es necesario exigir al Gobierno Regional haga pública la deuda sanitaria
existente a día de hoy, informando si existen deudas con las empresas
concesionarias y que cuantía tienen.

-        Se hace necesario se haga público un informe desde la Consejería de
Sanidad indicando las medidas de control que se han llevado a cabo en los
hospitales sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte
de las empresas concesionarias, así como las medidas correctoras llevadas a
cabo en caso de existir incumplimientos.

-        Exigir de la Consejería de Sanidad haga pública una información
completa, transparente y veraz sobre el coste real que todos y cada uno de los
hospitales construidos con financiación privada suponen para el erario público;
la opacidad ha sido hasta ahora la característica de la escasísima información
que sobre estos centros aporta la Consejería de Sanidad. No es de recibo se
quiera influir en la opinión pública, diciendo que estos hospitales son más
baratos y eficientes sin aportar ningún dato serio al respecto.

-        Exigir del Gobierno Regional modifique de forma sustancial su política
de recursos humanos, ésta tiene como principal característica la enorme
precarización que produce, cuestión que no ayuda a conseguir la motivación
necesaria para conseguir los mejores niveles de calidad asistencial. Una política
de esa naturaleza no es propia de organizaciones modernas que persigan la
excelencia, sino más bien de modelos organizativos obsoletos.

-        La marea blanca del 18-N ha mostrado de manera nítida que los ciudadanos
se preocupan por su sistema sanitario público, que reivindican ser informados de
forma veraz, en tiempo real, y que exigen se habiliten los instrumentos que
permitan su participación ahora inexistentes.

El desmantelamiento progresivo de la sanidad pública ha sido el objetivo del PP
desde que llegó al gobierno Dª Esperanza Aguirre, desgraciadamente una parte
de ese objetivo ya se ha conseguido; el sistema sanitario público madrileño es
hoy mucho más débil que hace 10 años. Por ello se hace imprescindible el
compromiso cívico de los ciudadanos, trabajadores y profesionales del sector,
de luchar todos juntos para evitarlo. La MAREA BLANCA del 18-N PUEDE
SER UN BUEN  DE PARTIDA
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Seguiré atendiendo a inmigrantes

Soy médico especialista del Sistema Nacional de Salud y seguiré atendiendo a toda persona que demande mis servicios por un problema de salud, obviamente también a los inmigrantes sin papeles, mi postura no obedece a otra motivación que al estricto cumplimiento del Código Deontológico que mi profesión exige y que ningún gobernante tiene la capacidad de violentar.

Dicho lo anterior, considero interesante efectuar una serie de reflexiones sobre las acciones que el Gobierno está llevando a cabo para determinar la pérdida del derecho a la asistencia sanitaria al colectivo de inmigrantes irregulares. El real decreto ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones , introduce el concepto “Asegurado” como condición necesaria para tener derecho a la asistencia sanitaria y ello en mi opinión supone una restricción del derecho a la protección a la salud recogido en la Constitución Española (art. 43), asimismo vulnera lo establecido en la Ley General de Sanidad y en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (esta última aprobada por un Gobierno del Señor Aznar); en definitiva modifica de forma sustancial uno de los valores esenciales de nuestro sistema sanitario público: su carácter de universalidad. En cualquier sistema democrático, pretender desde el Gobierno un cambio de esta naturaleza, exige un debate político y social amplio y sosegado y ello no puede realizarse si se recurre a la vía de un RD-Ley con carácter de urgencia; el tiempo transcurrido desde su promulgación ha puesto en evidencia, por un lado el rechazo mayoritario de los profesionales a la medida (se han pronunciado al respecto organizaciones médicas colegiales y diversas sociedades médicas) y por otro la improvisación y falta de rigor de la misma. Hoy cabe preguntarse:
¿Son conscientes los responsables del Ministerio de Sanidad de las consecuencias que para la Salud Pública tendrá la falta de control sanitario de un número importante de personas, como es el colectivo de inmigrantes irregulares?

¿Conocen los responsables del Ministerio de Sanidad que muchos de estos inmigrantes están siendo ya tratados y controlados regularmente por padecer procesos graves y que negarles la asistencia sanitaria programada puede determinar un agravamiento muy serio de sus enfermedades e incluso producir su muerte?

¿Han reflexionado los responsables del Ministerio de Sanidad sobre las consecuencias que para el funcionamiento de nuestras Instituciones Sanitarias tendrá esta medida?

¿Qué ocurrirá cuando una persona de este colectivo acuda a Urgencias hospitalarias y se determine tenga que quedar ingresado y al alta sea obligado efectuar controles y tratamientos periódicos?

¿Es consciente el Gobierno que por más que intente hacer invisibles desde el punto de vista sanitario a estas personas, ello es imposible?
Parece que nadie en el Gobierno reflexionó sobre estas y otras cuestiones; es posible también que sí se tuviesen en cuenta estas situaciones, pero decidiese continuar con una política depredadora de los derechos; el anuncio que se ha realizado en los últimos días explicando que los inmigrantes irregulares podrían tener asistencia previa suscripción de un seguro con la Administración sanitaria, desembolsando unas cantidades superiores incluso a las que exigen las aseguradoras privadas, es una prueba más de la improvisación que ha presidido todas las actuaciones de los responsables sanitarios; las recientes declaraciones del Director General Sr. Rivero corroboran lo anterior pues denotan una falta de conocimientos impropia del cargo que ostenta. Parece que a la decidida voluntad del Gobierno de restringir derechos y recortar prestaciones se une una manifiesta ineptitud de sus responsables sanitarios.

La realidad es que los inmigrantes sin papeles están aquí, en muchos casos llevan años en nuestro país, algunos trabajan en la economía sumergida y necesitan asistencia sanitaria; si ésta se les niega y se dificulta a los profesionales ejercer su labor, con toda seguridad se producirán problemas graves de salud, no sólo para el colectivo inmigrante (aumentará la morbimortalidad) sino también para toda la comunidad.

Sería bueno que el Gobierno rectificase, renunciase a su absurdo empeño en eliminar la condición de universalidad que nuestro sistema sanitario público tiene, se esforzase en conseguir una gestión más eficiente del sistema como garantía de su sostenibilidad y no tuviese que asumir la responsabilidad de las graves consecuencias que se van a derivar de la no prestación de asistencia a los inmigrantes sin papeles.

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¿Qué ocurre con los nuevos hospitales?

Ninguno de los ocho centros sanitarios prometidos por Aguirre en la pasada legislatura está todavía en funcionamiento, mientras hay infraestructuras obsoletas, escasez de medios diagnósticos y demoras.

La pasada legislatura, la presidenta Aguirre prometió la construcción de ocho hospitales y su puesta en funcionamiento al concluir la misma. Era una promesa muy ambiciosa y parecía razonable que estuviese basada en un estudio riguroso de necesidades; estos centros se han construido bajo la modalidad de concesión de obra pública (salvo Valdemoro, que es una concesión administrativa). Ello significa que se ha adjudicado a diversas empresas privadas la construcción y el mantenimiento durante 30 años de estos hospitales (en Valdemoro, también la asistencia sanitaria); como contrapartida, el Gobierno regional deberá pagar un canon anual en ese periodo.

En términos coloquiales, podríamos decir que el Gobierno regional está comprando hospitales con hipotecas a un alto interés, utilizando un mecanismo de financiación que estamos seguros no utilizaría ningún inversor privado por su alto encarecimiento. En el Reino Unido, único país donde hay suficiente experiencia en esta modalidad, se están planteando seriamente abandonarla. En todo caso, la situación económica española y madrileña en 2003 y sus perspectivas de futuro no hacían necesario asumir tal encarecimiento del coste.
Volvamos ahora a la situación actual: ¿dónde estamos a fecha de hoy?

Veamos:

- No se ha puesto en funcionamiento ninguno de los nuevos hospitales, suponiendo un claro incumplimiento de la promesa realizada; siendo ello grave, lo sería aún más si hubiese que proceder a pagar el primer canon con hospitales cerrados. Es exigible que el Gobierno regional informe sobre esta cuestión.

- Es obvio que la puesta en marcha de los nuevos hospitales va a significar un impacto importante sobre la actividad de un número significativo de los actuales hospitales, y es razonable preguntarse:

¿Qué tipo de reestructuración va a abordarse en los hospitales en cuyas áreas de influencia se ubican nuevos centros?

¿Cuál va a ser el futuro de los llamados hospitales de apoyo: Virgen de la Torre, Santa Cristina y Carlos III?

¿Qué papel va a tener en el futuro el hospital Niño Jesús?

¿Cuándo va a ver la luz la nueva configuración de las áreas de salud, imprescindible, tras la aparición de los nuevos hospitales?

Las preguntas planteadas tienen gran trascendencia, pues de una deficiente respuesta a las mismas se derivaría un desorden asistencial que afectaría gravemente a la calidad de las prestaciones. La reciente medida de convertir los nuevos hospitales en empresas públicas no sirve para paliar la falta de planificación racional que a nuestro juicio existe en el sistema sanitario público madrileño.

La actuación del Gobierno regional ante estas cuestiones está presidida por un completo oscurantismo; ni la ciudadanía ni los profesionales han recibido información al respecto, y ello es impropio en un sistema democrático.

- Es asimismo muy preocupante el hermetismo del Gobierno regional en relación con los recursos humanos necesarios para la puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones. No conocemos las plantillas ni las carteras de servicios de los nuevos hospitales, no se ha producido ninguna convocatoria oficial para cobertura de plazas y no se ha dicho nada en relación con las consecuencias que la apertura de los nuevos centros puede tener sobre los recursos humanos de los hospitales afectados.

Frente a la pretendida innovación y modernización que el Gobierno regional publicita en sus campañas informativas, la realidad es otra: infraestructuras obsoletas y escasez de medios diagnósticos, colapsos continuos de numerosos servicios hospitalarios e incumplimientos manifiestos en las demoras asistenciales.

Tenemos la percepción desde hace tiempo de que la actuación de los máximos responsables de la Consejería de Sanidad se caracteriza por una absoluta falta de planificación y por un desconcierto e improvisación en sus actuaciones. La situación actual en relación con los nuevos hospitales es buena prueba de ello.

Desde nuestra posición de profesionales de la sanidad pública, estimamos que la falta de información y transparencia que ha acompañado todo el proceso de los nuevos hospitales no es de recibo, y exige ya una información veraz y rápida a los profesionales y al conjunto de la ciudadanía.

(*) Firman conjuntamente este artículo Carlos Barra Galán, otorrinolaringólogo del hospital de Móstoles y especialista en Gerencia de Áreas de Salud; Ana Cabello Fernández, jefa de sección de anatomía patológica del hospital 12 de Octubre; José Andrés Cambronero Galache, jefe de sección de medicina intensiva del hospital Príncipe de Asturias; Julio de Miguel Prieto, jefe de sección de medicina interna del hospital Príncipe de Asturias; Inés Fernández Valderrama Martínez, cirujano vascular del hospital 12 de Octubre; Carmen Ortiz Ibáñez, radióloga del hospital Severo Ochoa, y Leopoldo Piñango Angulo, urólogo del hospital Severo Ochoa.
 
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Los nuevos hospitales de Madrid: opacidad y despilfarro

El presente comentario se fundamenta en un reciente informe de la Cámara de Comercio de Madrid (que recogemos como documento en esta edición) en donde se ponen de manifiesto distintas irregularidades detectadas en el proceso de actuación de los nuevos hospitales gestionados de acuerdo con la fórmula de concesión de obra pública.
Los madrileños recuerdan cómo en 2003 la ya Presidenta Sra. Aguirre les explicaba las bondades que tenía la construcción de hospitales mediante la colaboración público-privada que iba a llevar a cabo; parecía que el recién estrenado Gobierno Aguirre había descubierto algo novedoso e innovador, que iba a suponer una mejora sustancial en la sanidad pública madrileña, pero ocultaba el ejecutivo regional que en el Reino Unido la Sra. Thacher ya había puesto en marcha un procedimiento idéntico y ello había significado una pérdida en la calidad de las prestaciones y un encarecimiento grande de los costes en el Servicio Público de Salud británico.
Ciertamente la agresiva campaña de marketing que, con información incompleta y sesgada llevó a cabo el Gobierno Regional de Madrid, consiguió que un número importante de ciudadanos creyese en la bondad de la medida y no percibiera el peligro que entrañaba para el futuro de la sanidad madrileña, toda vez que, abusando de la mayoría absoluta. se hurtó el obligado debate político y social que una medida de esa naturaleza exige en un sistema democrático maduro. No obstante lo anterior, frente a la euforia de Aguirre y sus correligionarios, el sorprendente silencio de las organizaciones profesionales del sector y la sorpresa paralizadora de sindicatos y partidos de oposición, hubo asociaciones sanitarias, movimientos vecinales, colectivos sociales y profesionales a título individual, que desde el primer momento manifestaron su posición crítica, avisando de los peligros que la introducción en tromba del sector privado en la sanidad pública madrileña significaba. Denunciábamos ya entonces que la construcción de esos hospitales se iba a realizar sin ningún estudio previo de planificación, obviando cualquier análisis de estudio de necesidades y asignación de recursos, todo ello contraviniendo las normas elementales de cualquier política sanitaria seria y responsable. Sabíamos también que en este modelo es habitual que las empresas concesionarias reclamen una renegociación al alza transcurrido un breve periodo desde su puesta en marcha, con el argumento de haber realizado más actividades de las pactadas.
Asimismo manifestamos entonces que el mecanismo elegido era muy gravoso desde el punto de vista financiero e iba a hipotecar acciones necesarias en el futuro para garantizar el adecuado funcionamiento del conjunto del sistema sanitario público madrileño; también pusimos en tela de juicio las afirmaciones que desde el gobierno regional se realizaron, al asegurar que estos nuevos centros iban a ser trascendentales para conseguir la reducción de las demoras asistenciales existentes (hoy, a pesar del enorme incremento de derivación de actividades al sector privado y del funcionamiento de estos nuevos hospitales, ese problema no ha sido resuelto).
En mi opinión, lo que sí se ha producido ha sido un importante encarecimiento de los costes, una precarización de las condiciones laborales de los profesionales y trabajadores del sector, un caos en la ordenación de las prestaciones y una ausencia absoluta de cualquier indicador fiable que permita constatar se haya producido mejora alguna en la calidad asistencial.
En estos días tales hospitales han vuelto a ser noticia y precisamente en un sentido nada favorable respecto a su funcionamiento y control del mismo. Me explicaré:
Hemos conocido por determinados medios de comunicación de la existencia de un informe de la Cámara de Cuentas (órgano fiscalizador) de 24 de setiembre 2012, en el que el citado organismo afirma que el gobierno regional aprobó la entrega de más de seis millones de euros para rescatar a las empresas concesionarias (acuerdo del Consejo de Gobierno de septiembre 2010); al parecer, éstas habían remitido también una carta al gobierno regional pidiendo 80 millones más, advirtiendo que de no recibirlos existía un peligro de su colapso financiero; asimismo el informe desvela la existencia de recursos contencioso-administrativos interpuestos por las empresas concesionarias contra la Administración, reclamando diferentes cantidades y que esperan su fallo en vía judicial.
También refleja el informe la falta de cumplimiento de la obligación de liquidación de ejercicio presupuestario 2009 en todos los hospitales aludidos, incumpliendo la exigencia marcada en los pliegos de los respectivos contratos, lo que genera inseguridad respecto a las cantidades finales a abonar a las empresas concesionarias. Asimismo el informe indica que sólo un hospital ha aportado documentación justificando controles periódicos en todos los servicios que las concesionarias tienen que realizar, éste hecho es particularmente grave si tenemos en cuenta que un informe de la Inspección de Trabajo fechado en 2009 indicaba la existencia de deficiencias en los servicios. Podemos concluir que el informe de la Cámara de Cuentas muestra un escenario muy preocupante que obliga a realizar varias preguntas:
¿ Cuál ha sido el funcionamiento de la Unidad Técnica de Control (UTC) creada por Orden del Consejero de Sanidad(2073/2007) con la función de llevar a cabo la monitorización, control y evaluación de los servicios de explotación de los referidos hospitales?.
Si la citada unidad ha funcionado en la práctica, ¿cuántos informes ha emitido, a qué responsable político los ha remitido, cuántos incumplimientos contractuales ha constatado y quá medidas ha propuesto para subsanarlos? ¿Qué control ha efectuado sobre la actuación de los responsables de los hospitales citados constituidos en empresas públicas?
En el contexto del escenario reflejado en el informe de la Cámara de Cuentas cabría preguntarse:
¿Existen más reclamaciones económicas, aún no conocidas, de las empresas concesionarias?. Si éstas existiesen, ¿qué nivel de fundamentación tienen? ¿Podrían afectar a la cifra real de déficit de la Comunidad de Madrid?.
 En mi opinión, las cuestiones planteadas merecen respuestas rápidas, veraces y públicas, toda vez que en el contexto de la crisis se está exigiendo un sacrificio brutal a una mayoría de los ciudadanos, que no entienden que pueda existir tal falta de control y rigor en la gestión de los dineros públicos.
 
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El futuro de la sanidad

La situación de la sanidad madrileña, como bien conocen los ciudadanos pese a la propaganda del Gobierno de Esperanza Aguirre, es preocupante. La edificación en tromba de ocho nuevos hospitales ha estado teñida de una acertada política de marketing, con altas dosis de populismo, pero no esconde que son centros con financiación privada, que han supuesto un enorme encarecimiento en la construcción y gestión de centros sanitarios. Esto condiciona gravemente el futuro del sistema.
Es ahora, cinco años después, cuando vemos los primeros resultados de esta política improvisada y errática. Los hospitales, prometidos para mayo de 2007, están hoy prácticamente sin actividad, pese a haber acogido varias inauguraciones, y el de Majadahonda no abrirá sus puertas hasta el próximo verano. Estos centros no poseen en su plantilla microbiólogos, analistas clínicos, bioquímicos, inmunólogos o genetistas. Asimismo, los laboratorios de estos centros tienen una cartera de servicios tan elemental que toda analítica mínimamente compleja exige el envío de las muestras al hospital de Alcorcón y a centros privados, lo que lastra la calidad de la asistencia.
Asimismo, la apertura precipitada, desordenada y muy parcial de los hospitales y la ausencia de un nuevo mapa sanitario (prometido hace dos años), está generando un caos en los flujos asistenciales.
En el plano económico, el incumplimiento de los plazos de apertura ha supuesto que en 2007 las empresas adjudicatarias hayan recibido unos 100 millones de euros por hospitales que permanecían cerrados. Una gestión tan deficiente del dinero público exige la asunción de responsabilidades por parte de los responsables políticos.
El hospital de Valdemoro (adjudicado por concesión administrativa para prestar asistencia sanitaria a una población de 90.000 habitantes), presenta ya varios problemas a los cuatro meses de su apertura: un déficit de 600.000 euros, escasez de personal con retribuciones más bajas que en el sector público e impago a los proveedores. Mal comienzo de una fórmula que Aguirre pretende extender a los cuatro nuevos hospitales que ha prometido.
La obsesión del Gobierno regional por incrementar el papel del sector privado en la sanidad pública ha ido más allá, como demuestra el incremento de los conciertos con hospitales privados, que han pasado de 174 millones en 2006 a 274 en 2008, lo que significará una severa restricción en las asignaciones a los restantes centros públicos, hospitales y centros de salud. Un ejemplo: el presupuesto de atención primaria crece sólo un 2,5% respecto al año anterior, cifra insuficiente para abordar las mejoras necesarias.
La sostenibilidad de la sanidad pública debe ser un objetivo prioritario para cualquier Ejecutivo responsable. El Gobierno regional fracasa en ambos conceptos y somete al sistema a un futuro incierto. Como profesionales de la sanidad pública, tenemos la obligación de denunciar la situación actual y pedir un cambio en la política de la Comunidad de Madrid basado en cuatro premisas:
- La política sanitaria debe ejecutarse en un marco de diálogo con las fuerzas políticas, sociales y profesionales del sector. Sólo en este marco será posible afrontar los cambios estructurales necesarios.
- Debe garantizarse una financiación suficiente para, con la gestión adecuada, mantener la equidad y calidad del sistema.
- Hay que volver a la planificación como garantía de asignación racional de recursos, tras un estudio riguroso de necesidades y priorización de las mismas. Una participación real comunitaria facilitará la toma de decisiones.
- Abandonar un modelo -financiación privada para construcción, mantenimiento y prestación de servicios- que se ha demostrado ineficiente allí donde lleva años instaurado, como el Reino Unido.
Un sistema sanitario de calidad, como garante del derecho constitucional a la protección de la salud, nos exige responsabilidad a todos, pero sobre todo al Gobierno de Aguirre, al que pedimos que rectifique su política y no lleve a la bancarrota al sistema sanitario público.

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Jugando con fuego

Hace nueve años que el Partido Popular de Esperanza Aguirre consiguió la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid tras un episodio muy oscuro, el Tamayazo, que privó a los madrileños de haber contado con un gobierno de izquierdas. Desde entonces ha mantenido una forma de ejercer el poder que en mi opinión ha impedido el necesario debate político inherente a todo sistema democrático; repetidamente sus decisiones políticas de corte autoritario han impedido la posibilidad de establecer mínimos consensos degradando así la calidad democrática de la política madrileña, hoy la Asamblea de Madrid es una Institución desconocida para un gran número de madrileños aumentándose así la distancia entre la ciudadanía y los políticos regionales. Podríamos afirmar que el Gobierno regional ha gobernado practicando una política de tinte absolutista impropia de un sistema democrático; sin ninguna cortapisa los Gobiernos presididos por Esperanza Aguirre han aplicado sus medidas ultraliberales traspasando en más de una ocasión las líneas rojas, cuestión que una ciudadanía libre y con derechos no puede tolerar.
Así sus brutales ataques a la educación pública han generado tal alarma social que toda la comunidad educativa (profesores , padres y alumnos) se ha levantado en pie de guerra contra la política del Gobierno Regional.
La atención a los dependientes no fue nunca una prioridad para el Partido Popular de Madrid y sus gobiernos, su boicot sistemático y continuado a la ley ha sido una constante y hoy en Madrid ser dependiente es sinónimo de desamparo institucional.
Estos días la alarma social ha adquirido una gran intensidad a consecuencia de la política sanitaria del Gobierno del ahora Presidente Sr. González. Desde 2003 se implantó desde el gobierno de la Comunidad de Madrid un proceso privatizador que no ha contribuido en nada a mejorar la calidad y eficiencia de la asistencia, sino que ha supuesto un enorme despilfarro que ha generado una deuda sanitaria de enormes dimensiones cuya cuantía real aún no se conoce. Las repetidas agresiones a los profesionales del sector se han hecho ya insoportables para éstos, que se han visto obligados a expresar su rechazo a la política sanitaria del Gobierno con la convocatoria de una huelga que está teniendo un seguimiento masivo y que cuenta con la complicidad de la ciudadanía.
El Gobierno Regional está jugando con fuego. La ciudadanía que está sufriendo duramente una crisis que no ocasionó, no está dispuesta a soportar más recortes en sus derechos; los empleados públicos no están dispuestos a asumir más sacrificios y la crispación social puede aumentar de manera alarmante.
Ha llegado el momento de exigir responsabilidades y obligar al Gobierno Regional rectifique en su política, pues en democracia un gobierno por mucha legitimidad que tenga en las urnas no puede despreciar el total desencuentro de una gran mayoría de la población con sus políticas. La enorme alarma social generada por el plan de medidas sanitarias propuestas por el Presidente Sr. Ignacio González se ha visto ratificada con casi un millón de firmas de madrileños; una respuesta de tal contundencia exige en democracia la asunción de responsabilidades políticas. El Consejero de Sanidad no puede permanecer más días en su puesto toda vez que su ineptitud y falta de liderazgo han quedado patentes, los Directores Generales de Hospitales y Atención Primaria deben marcharse sin dilación toda vez que han quedado desautorizados de forma manifiesta por los profesionales que dependen de sus respectivos departamentos y por el rechazo de los ciudadanos a su labor.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid está obligado a rectificar e iniciar un nuevo proceso en el marco del diálogo con los distintos agentes sociales y la oposición política; de no hacerlo así  debería someter su política a refrendo de los madrileños mediante la convocatoria de elecciones anticipadas.
 
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Marea blanca: Hacia la unidad de acción

En plena resaca de las fiestas navideñas y con muchos madrileños aún regresando de sus días libres, el centro de Madrid ha vuelto a ser escenario de una manifestación multitudinaria en defensa de la sanidad pública y contra los planes privatizadores aprobados por el gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid; se ha puesto de evidencia que, tras el paréntesis vacacional, el movimiento social y profesional sigue vivo, dispuesto a afrontar una lucha que será larga y que exigirá una estrategia que permita mantenerla en el tiempo para conseguir el objetivo planteado: paralizar, incluso después de ser aprobado, el plan impuesto de forma autoritaria por el gobierno regional de Madrid.
El proceso privatizador puesto en marcha obedece única y exclusivamente a un planteamiento ideológico, a una política de corte neoliberal que quiere poner en manos privadas un sector, el sanitario, que mueve en Madrid miles y miles de millones de euros; las afirmaciones del gobierno regional sobre el pretendido ahorro que ese plan va a suponer no tienen ningún soporte documental serio y por ello el inepto Consejero de Sanidad ha dado tantos palos de ciego con cifras diferentes día a día.
Ahora tras cinco semanas de huelga médica, cuatro jornadas de huelga general sanitaria y cinco mareas blancas multitudinarias, la sociedad en su conjunto debe seguir presionando al gobierno del Partido Popular y ello exige en nuestra opinión efectuar una serie de consideraciones:
- Las manifestaciones y movilizaciones tomando pacíficamente las calles de Madrid deben continuar, para que se perciba de forma clara la desafección creciente de la ciudadanía hacia la forma de ejercer el poder político el Partido Popular; asimismo servirán para que aquellos que aún no han percibido la enorme gravedad del plan privatizador reflexionen y puedan sumarse al movimiento.
- En los centros sanitarios los trabajadores y profesionales deben establecer foros de debate que les permitan, al convertirse en agentes activos, informar a la ciudadanía a la que atienden de los recortes de prestaciones que van a sufrir así como de la pérdida de calidad asistencial que ellos conllevan; para ello deben exigir a los respectivos equipos directivos hagan un ejercicio de transparencia y les aporten toda la documentación referente a las actividades de sus centros así como los gastos que ellas han supuesto, también exigirán la documentación que valida los gastos efectuados y la forma de realizar las adjudicaciones de los productos adquiridos; también deberían establecerse de manera rápida canales de colaboración con los diversos movimientos asociativos de sus respectivas áreas de influencia.
- La elaboración de una estrategia global para derrotar las políticas privatizadoras del P.P. madrileño exige desde nuestro punto de vista una UNIDAD DE ACCIÓN de todas y cada una de las organizaciones que están participando en el movimiento social y político de oposición al plan del Presidente Sr. Ignacio Gonzalez; por ello se hace imprescindible evitar absurdos protagonismos, corporativismos que en un movimiento de esta enjundia no tienen cabida e intereses grupales o particulares que dificultarían la unidad de acción y mermarían la efectividad de las acciones a desarrollar.
Como profesionales del sector sanitario público madrileño que desde hace años venimos denunciando los ataques que la Sanidad Pública está sufriendo en Madrid, nos permitimos exigir se logre ya, la UNIDAD DE ACCIÓN que hemos reclamado para evitar así se expolie el pilar del Estado de Bienestar que quizá genera más tranquilidad y cohesión social: el SISTEMA SANITARIO PÚBLICO.
Carlos Barra Galán | Médico Otorrinolaringólogo del Sermas
Luis Montes Mieza | Médico Anestesista del Sermas
Juan Luis Ruiz Jiménez | Médico de Familia del Sermas
Javier Gonzalez Medel | Médico de Familia del Sermas
Fernando Pérez Iglesias | Médico Pediatra del Sermas
Carlos Alvarez Nebreda | Diplomado de Enfermería del Sermas
Santiago Porras Carrasco | Médico Inspector- Jefe de Área
Luis Fernández Pineda | Médico Cardiología Pediatrica
Carmen Ortiz Ibáñez | Médico Radiólogo
Frutos del Nogal Saez | Médico Intensivista
Amparo Ibáñez Colás | Diplomada de Enfermería del Sermas
 
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Privatización y despilfarro

La construcción de los nuevos hospitales con financiación privada ha supuesto el comienzo del proceso privatizador de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid. La fórmula elegida se ha demostrado muy cara y de dudosa calidad en el Reino Unido. La prestigiosa revista British Médical Journal de 1 de diciembre de 2007 publica un artículo, El mercado ha fracasado, muy ilustrativo a este respecto. Exponemos a continuación datos e ideas que muestran la ineficiencia y pérdida de calidad que ya sufre nuestra sanidad. Veamos.
1. Los nuevos hospitales han supuesto la irrupción en tromba del capital privado. A fecha de hoy, casi ningún nuevo hospital funciona, a excepción de las consultas externas y algunos servicios en Valdemoro. Este importante retraso en relación a la promesa electoral pone en entredicho la pretendida rapidez y eficacia que la presidenta Aguirre concedía a esta fórmula. Se han pagado importantes cantidades, en concepto de canon, por hospitales que están cerrados. Ineficiencia y despilfarro.
Los madrileños deben saber que la construcción del hospital de Majadahonda y su mantenimiento va a suponer pagar con dinero público a la empresa adjudicataria más de 1.500 millones de euros (para su funcionamiento hay que añadir gastos de personal, aparataje y material que pagará el Gobierno regional). La Consejería de Sanidad ha gastado más de cinco millones de euros en contratos de consultoría y asistencia a los nuevos hospitales, lo que nos lleva a preguntar si la Comunidad de Madrid concibe que el papel de sus técnicos y funcionarios es el de suministradores de datos al servicio del sector privado. Esto es una utilización inadecuada de recursos humanos muy cualificados y una gestión ineficiente que acumula gastos innecesarios.
2. No se ha publicado el nuevo mapa sanitario, imprescindible para realizar la nueva ordenación de recursos que requiere la aparición de los nuevos hospitales. Presentado en julio de 2006 a bombo y platillo, nada se ha vuelto a saber de él. ¿Este incumplimiento obedece a una casualidad? Creemos que no. El mapa es una herramienta de planificación para el uso racional de los recursos, favorece la coordinación de niveles asistenciales y garantiza la equidad y la accesibilidad.
Todo esto pierde sentido si lo que se quiere es privatizar y esto explica por qué la planificación ya no es una prioridad para el Gobierno regional. La política de conciertos con el sector privado ya obliga a muchos pacientes a realizar largos desplazamientos. La inauguración virtual del hospital de Valdemoro (sucursal de la Fundación Jiménez Díaz) ratificará nuestras afirmaciones. Los pacientes que necesiten pruebas complejas serán derivados a la Fundación Jiménez Díaz, sin pasar por el Doce de Octubre, referencia de su área. Más facturación para la empresa.
3. La privatización de servicios clínicos es ya una realidad. Tras la inauguración virtual del hospital de Valdemoro, las muestras sanguíneas de los centros de salud de Ciempozuelos, Valdemoro, Titulcia y San Martín de la Vega han dejado de ser enviados al centro público de especialidades de Aranjuez y se están remitiendo a un laboratorio privado. ¿Es generar estos gastos innecesarios una gestión eficiente?
Resulta paradójico contemplar tales niveles de ineficiencia y despilfarro cuando se han tenido que pedir créditos extraordinarios para la nómina de diciembre de los trabajadores de la sanidad pública.
4. La Consejería de Sanidad ha publicado la cobertura de plazas en los nuevos hospitales. Queda al descubierto la privatización del Gobierno de Aguirre, suprimiendo las plazas de especialistas en Análisis Clínicos, Microbiología, Inmunología y Bioquímica. Su ausencia en los nuevos hospitales supone, de facto, su externalización y privatización. Ello, según todos los expertos, disminuye la calidad de la asistencia, rompe la comunicación entre los profesionales y enlentece la toma de decisiones. ¿Por qué el Gobierno regional no escucha la opinión de una enorme mayoría de profesionales? Sencillamente, porque su prioridad no es la calidad asistencial, sino hacer del sector sanitario un gran negocio.
Estamos ante un programado debilitamiento del sistema sanitario público, realizado desde una mayoría absoluta, prepotente y que hurta el imprescindible debate social y político. La situación es grave: se privatiza, se gestiona con ineptitud y despilfarro y se pone en peligro la calidad asistencial. Como profesionales del sistema público, pedimos a Aguirre que rectifique. Estamos a tiempo de evitar el grave deterioro sufrido por la sanidad pública británica tras la irrupción allí de empresas privadas con la misma formula.
 
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Recortes en sanidad: restricción de derechos

La figura del "asegurado" elimina el derecho ciudadano de recibir atención sanitaria.
 
Es incuestionable que uno de los mayores logros que la sociedad española ha conseguido en el periodo democrático, ha sido la creación y consolidación de un sistema nacional de salud de carácter público, con cobertura universal, financiado a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y que ha hecho realidad el cumplimiento de un mandato constitucional: el derecho a la protección de la salud, recogido en su artículo 43. La Ley General de Sanidad y posteriormente en la Ley de Cohesión y Calidad desarrollaron el espíritu que el citado artículo recoge y garantizan en su articulado el derecho a la protección a la salud de todos los españoles y extranjeros residentes en nuestro territorio, sin establecer ninguna exclusión al respecto.
Nuestro sistema público de salud así configurado ha sido un elemento que ha contribuido de manera importante a la consecución de niveles altos de cohesión social y ha establecido la solidaridad, equidad y accesibilidad como valores esenciales de su razón de ser. El establecimiento de la financiación total del sistema a cargo de los Presupuestos Generales, desvinculando por tanto la asistencia sanitaria de las aportaciones a la Seguridad Social, completaba el proceso de configurar la protección a la salud y todas las actividades encaminadas a ello, como derecho de ciudadanía y superar por tanto los conceptos de asegurado y beneficiario que imperaban antes.
Es ese concepto de asegurado, ya superado, el que ahora vuelve a introducir el real decreto ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, estableciendo una exclusión en la protección del derecho a la salud para los inmigrantes sin papeles, y asimismo restringiendo el derecho de los españoles mayores de 26 años que no trabajen, a los que se les exige demostrar que no tienen recursos. El real decreto introduce sin duda una restricción y recorte de derechos que nos retrotrae a tiempos pasados; en el caso de lo referido a los inmigrantes pueden derivarse situaciones de riesgo para la salud pública, dificulta su proceso de integración y rompe con la tradición de solidaridad que mayoritariamente impera en la sociedad española.
El real decreto ley, promulgado en el contexto de la crisis y utilizando a ésta como excusa, desarrolla un articulado que no permite vislumbrar en ningún caso esas garantías de sostenibilidad que su grandilocuente título expresa, sino que más bien refleja, además de las restricciones de derechos ya expuestos, el establecimiento de mayores cargas impositivas para los ciudadanos (copagos aumentados donde ya los había), así como la implantación de aportaciones económicas por parte de los ciudadanos para recibir prestaciones que estaban cubiertas con carácter de universalidad sin necesidad de pago alguno complementario. Estas medidas tienen como único objetivo el recaudatorio, y en ningún caso sirven para alcanzar logros que garanticen la sostenibilidad del sistema sanitario.
No parece que la intención sea adoptar medidas reales, rápidas y eficaces que eviten las bolsas de ineficiencia que el sistema tiene, sino que más bien se encaminan a ir modificando la configuración de nuestro sistema sanitario público, desdibujando cada vez más sus componentes de universalidad, equidad y accesibilidad que lo caracterizan desde su creación.
En todas las encuestas realizadas en nuestro país, la ciudadanía valora muy positivamente su sistema sanitario, el funcionamiento de sus instituciones y el trabajo de sus profesionales, se ha sentido segura ante sus problemas de salud en la confianza de que iban a ser bien atendidos y ha tenido la garantía de que sea cual fuere su situación en la escala social no iban a ser excluidos. Hoy en el seno del tejido social ha surgido inquietud, incertidumbre e indignación ante el ataque que el real decreto supone para nuestra sanidad pública; ha comenzado ya a movilizarse en defensa de sus derechos y si no hay rectificación desde el Gobierno se producirán con toda seguridad situaciones de crispación y conflicto.
En los hospitales y centros de salud se forman, crecen profesionalmente y desarrollan lo mejor de sus conocimientos la gran mayoría de profesionales de nuestro país, recibiendo un notable reconocimiento por parte de los ciudadanos; profesionales que cada día ven más reducidos los cauces de participación en la planificación y determinación de sus actividades, que sufren también ataques a sus derechos laborales, soportan escandalosas condiciones de precariedad y tienen asimismo enormes dificultades para seguir una adecuada formación continuada. Son actores importantes en el funcionamiento de la sanidad y por ello los recortes que el Gobierno ha planteado, van a afectar a su actividad profesional y les va a obligar a manifestar sus opiniones en relación a la nueva situación.
Nuestro sistema sanitario público, valorado muy bien tanto en nuestro país como fuera de él, necesita mejoras y reformas que lo hagan más eficiente; medidas que por cierto no puso en práctica el Partido Popular allí donde ha gobernado muchos años ( tampoco cuando tuvo anteriormente el Gobierno central). Mejoras y reformas que deben analizarse con rigor, someterlas a un amplio debate social y político y que en ningún caso pueden suponer pérdida y restricción de derechos ya conseguidos ni pérdida de los valores que lo fundamentan.
 
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¿Qué está pasando en la Sanidad madrileña?

 
 
 
 

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Madrid 2003-2012 Expolio de la Sanidad pública


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