Marea Blanca Aragon

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miércoles, 31 de julio de 2013

“La mejor garantía de igualdad en sanidad es que el banquero esté acostado al lado de la cama del gitano”


La consejera de Salud y Bienestar Social aboga por reformar la Constitución para blindar el sistema sanitario y afirma que estudiará jurídicamente qué puede hacer ante el recorte de prestaciones en la cartera básica de servicios, como la reproducción asistida a mujeres solteras y homosexuales

La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, en su despacho. // LAURA LEÓN
La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, en su despacho. // LAURA LEÓN

Dice María Jesús Montero que cada vez que vuelve de un consejo interterritorial -la semana pasada mismo- siempre piensa en el AVE: “No vengo más”. La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, testigo incómodo de las políticas del Gobierno de Rajoy, trabaja en una ley que blinde el acceso a la sanidad. El eje de la normativa, que especificará la universalidad, la gratuidad y la provisión pública del sistema, principios hoy “rotos” por el modelo que está implantando la derecha, será el ciudadano frente al concepto de asegurado, hacia el que, denuncia, camina el PP azuzado por los lobbies. “Si no tuviéramos este Sistema Nacional de Salud, tendríamos que inventarlo para resistir a la crisis. ¿Cómo vamos a desprendernos de él?”, se pregunta atónita.
¿Se siente muy sola en los consejos interterritoriales? ¿No nota preocupación por la sanidad
pública en los demás consejeros?
Hay personas que han desarrollado funciones directivas en el sistema sanitario que tienen poco apego por el modelo, que no lo conocen en profundidad. Muchas veces pienso que son ignorantes. En un primer momento, si tú le preguntas a un consejero la diferencia entre asegurado y derecho universal, creo que el consejero no vería ninguna. Hay muchas personas que están aquí de paso, que se han enfrentado al modelo sanitario desde una perspectiva muy empresarial. Es un modelo que implantó mucho Madrid, con la llegada de algunos consejeros que luego han resultado imputados. Luego, por otra parte, el PP hace piña. Yo, cuando ha gobernando el PSOE, me he opuesto a medidas que entendía que atentaban contra la autonomía, que eran un brindis al sol para llegar a acuerdos en Madrid que luego aquí eran un problema y yo me he peleado. Allí es una ronda de intervención, levantan cuatro la mano y todos dicen: ‘Felicito al Ministerio…’. Luego intervengo yo: ‘Nosotros, que conste en el acta, estamos en contra porque esto atenta…’. Levantan tres más la mano y comienzan a meterse con Andalucía. Hay una minoría tan franca, que al final nosotros somos el incómodo testigo que tiene el ministerio. Es un rodillo, ni sugerencias, ni apreciaciones, ni toman nota.
¿Y qué opinión tiene de la ministra Mato?
Pues veo a la ministra que no entiende del sistema sanitario. Lo que dice es un poco lo que le cuentan los demás, los asesores y lo único que parece querer es que acabe pronto el consejo interterritorial para poder contar fuera que no ha habido ningún problema. Es como si la dinámica del cambio del modelo estuviera fuera del  propio ministerio. Esto es lo que me da miedo. Muchas veces veo textos legales con tan poca consistencia… Ves consultoras, auditoras, que van trasladando ideas que luego están en un real decreto. El problema es que ellos han entregado el gobierno de la sanidad a lobbies, que van dictando las normas para hacer un cambio de modelo.
¿Cuál es la mayor preocupación de la sanidad andaluza en este momento?
Tenemos una preocupación nueva, que no es un problema que haya surgido ahora. Y es si realmente las normativas y desarrollos que se han hecho de la construcción del Sistema Nacional de Salud han generado una arquitectura en sustento legal suficientemente sólida como para impedir tendencias privatizadoras de provisión de servicios, de retirada de la cartera de algunos servicios… El sistema había estado en los últimos años caminando más en la incorporación de los criterios de tercera generación dentro de un modelo que consiguiera una mejor legitimidad de los ciudadanos. La planificación de los recursos, la provisión pública, la financiación vía impuestos, el aseguramiento como concepto superado sobre universalidad del modelo… eran ya temas que estaban suficientemente afianzados en el marco constitucional, en la Ley general de Sanidad y en las sucesivas leyes de cohesión. La sorpresa llega cuando empieza la situación de la crisis económica, que pone de manifiesto la dificultad de presupuestación que tenía el sistema incluso en las vacas gordas. Una infrafinanciación que no era porque el modelo fuera costoso, ni porque gastara por encima de sus previsiones, sino porque en las cuentas públicas se financiaba de una manera más restrictiva el sistema sanitario para que se pudiera disponer de ese presupuesto en carreteras, en educación, en otro tipo de sectores, porque el endeudamiento no era un problema.
¿La obsesión por el endeudamiento es lo que empieza  a romper el sistema?
Cambian los paradigmas con motivo de la crisis y empieza a ser un dogma el que el causante de los males de la crisis es el excesivo gasto público y se produce un cuestionamiento del modelo de responsabilidad sanitaria, de protección de los ciudadanos frente a la salud. ¿Pero cómo es posible que se pueda estar produciendo este cuestionamiento del modelo? De repente es cuestionable la universalidad, la gratuidad y la provisión pública. Y hemos tenido que recurrir ahora a los argumentarios que posibilitaron que España hiciera una construcción en base a un sistema nacional de salud y no a un sistema nacional de aseguramiento. El principio de universalidad no es que nadie se quede fuera de la protección y, por tanto, hay que meter  a los inmigrantes y a los mayores de 26 años… El principio es que la persona, por el hecho de ser ciudadano, ya tiene derecho a la protección de la salud. No es porque pertenezca a un colectivo. Hay que dejar de categorizar la población en colectivos. La socialdemocracia monta su modelo de derechos en base al concepto de ciudadano, no al concepto de asegurados. Cuando el sistema empieza a hablar de asegurados, empezamos a decir ¿por qué estamos hablando de asegurados si hemos migrado del sistema de aseguramiento a un sistema de financiación vía impuestos? Y, por tanto, esto ¿qué tiene que ver con la crisis? ¿Por qué con motivo de la crisis se hace un real decreto que vuelve al concepto del aseguramiento de la seguridad social? El modelo no había terminado de consolidar su derecho a la protección por el simple hecho de ser ciudadano, es decir, lo había hecho en la práctica, pero las leyes no lo habían blindado.Al final el TSJ ha levantado la suspensión cautelar de la privatización sanitaria en Madrid.

Cuando empiezas a ver tu modelo y a compararlo con el devenir de otras comunidades, tienes la preocupación de que si realmente hubiera un cambio político en Andalucía, que no está en la agenda, el marco normativo sobre el que se estaba afianzando el modelo necesitaba ser blindado, que alguien tuviera que cambiar la ley y tuviera que acudir al Parlamento si quería hacer lo contrario. Pero que no se pudiera hacer por la puerta de atrás, que es como lo está haciendo la derecha, que no ha cambiado la ley, sino que por la puerta de atrás empieza un cambio sustancial del modelo sin que se note o sin que se le den las explicaciones suficientes a los ciudadanos. Y de ahí surge la ley de blindaje.
¿En qué va a consistir esa ley? 
La ley va a intentar conceptualizar legalmente estos pilares que componen el sistema sanitario, explicitar qué significa la universalidad, qué significa que el sistema sea público, y qué significa que el sistema sea gratuito. La ley va a oponerse a los criterios de pago en el acceso a la sanidad de los ciudadanos, a los niveles de renta, a la categorización. Blindará el derecho a la protección de la salud del ciudadano frente al asegurado. Cuando tú empiezas a hacer cajones de prestaciones no puedes hablar de forma clara de una universalidad, para todos, sin distinción. El copago atenta contra la gratuidad, no solo porque sea pernicioso o perjudicial con bajo nivel de renta, sino porque cualquier barrera en el acceso al sistema va contra el propio cimiento y la arquitectura del sistema. Es un sistema nacional de salud porque no tiene barreras en el acceso, el ciudadano llega cuando lo necesita, sin necesidad de mediación administrativa, en la atención primaria. Y quitarle al modelo la posibilidad de que el ciudadano llegue a la atención primaria es atentar contra la estructura del modelo.
Ahora mismo se deja a urgencias para atender a todo el mundo.
Sí, a urgencias todo el mundo puede acudir, pero es que la esencia del modelo no son las urgencias, es la atención primaria. Si hay alguien que no puede llegar a la atención primaria, el modelo se quiebra. No se podrán establecer barreras en el acceso ni económicas, ni administrativas, por la llegada de un ciudadano a la atención primaria. Y el modelo tiene que ser público, pero no sólo desde el punto de vista de la financiación, vía impuestos, sino desde el punto de vista de la provisión, de que quien preste el servicio sea mayoritariamente público. Esto no significa que no puedas concertar servicios puntualmente, pero son puntualmente. Fundamentas el modelo en que la oferta pública es la que te permite mejores resultados, mejor control de calidad, porque las tres piezas componen la arquitectura del modelo. Eso se ha roto. El modelo ha dejado de ser universal -concepto del aseguramiento-, ha dejado de ser gratuito, porque están planteando barreras al acceso, y el modelo deja de ser público porque la privatización no es la excepcionalidad sino que se convierte en una manera más de proveer los servicios. Nuestro objetivo es blindar esos principios desde una ley que puede que el Gobierno central entienda que está en nuestro marco competencial o entienda que no. Espero que sí, porque va en el desarrollo del Estatuto.
Pero también se ajusta al Estatuto, según la Junta, el decreto antidesahucios y el Gobierno lo ha recurrido.
Me parecería muy torpe que el Gobierno llevara esta ley al Constitucional. Intentaremos redactarla de manera que no animemos a que nadie vaya a plantearse ir al Constitucional, pero como últimamente todo se está dirimiendo en ese tribunal… Es muy cansino. ¿Y la iniciativa política dónde queda? Y ahora con un militante del PP… Lo vamos a perder todo.
¿Va a pedir la recusación del presidente del TC?
Desde una perspectiva ética y una valoración política, que el presidente del TC haya militado en un partido político supone una situación anómala e irregular. Es inverosímil la situación de que para ser magistrado tengas unas normas y para ser presidente del Tribunal Constitucional tengas otras. Resulta absolutamente reprobable. Pero si entramos en el ámbito legal y judicial, tenemos que ver con los servicios jurídicos, y en ello estamos, si realmente es posible esta opción.
¿No confía en ganar el recurso contra el real decreto del Gobierno que excluye a los inmigrantes de la sanidad pública?
Nosotros entendemos que puede atentar contra la Constitución, pero es verdad también que tenemos nuestras dudas de si realmente la Constitución fue tan explícita como para ahora realmente reconocer que pasar de un sistema universal a un sistema de libre aseguramiento es inconstitucional.
Pues si el Gobierno puede recurrir la futura ley andaluza. ¿La solución será cambiar la Constitución?
Probablemente sí haya que blindar en la Constitución el modelo sanitario porque caben interpretaciones sobre qué significa el derecho a la protección de la salud y ese derecho puede tener diferentes  expresiones. Nosotros adoptamos la del sistema británico porque era el más progresista en términos europeos. Pero lo primero de lo que nos hemos dado cuenta es que simplemente con una ley se ha podido cambiar un derecho de ciudadanía que bajo nuestro punto de vista estaba en el núcleo de la Constitución. Se ha producido la suficiente marea interesada de confusión para que ahora hayamos recuperado el concepto aseguramiento, que es un derecho de aquellos que cumplen una serie de criterios, aunque los criterios en un primer momento sean amplios para que no se note que el sistema deja de ser universal.
En este caso se ha excluido a los inmigrantes. Se ha notado…
Yo creo que el haber excluido a los inmigrantes fue un efecto no deseado. El PP no cambió para excluir a los inmigrantes, fue un efecto colateral. Hubiera preferido que no se hubiera notado, porque en lo que caminaba era en el concepto de aseguramiento. No caminaba en la exclusión de determinados colectivos. Pero se le escapó. Incluso yo te puedo confesar que hasta me parece que ni siquiera eran conscientes de lo que estaban haciendo, aunque esto no les quita responsabilidad, todo lo contrario. Son dictados de los lobbies, que están persiguiendo que el modelo en el futuro sea de libre aseguramiento. El ciudadano que quiera hacerlo a través del provisor público, tendrá la seguridad social. Y el que quiera suscribir una póliza de seguros privada tendrá seguro privado. En las reuniones, mi compañero catalán, Boi Ruiz, habla del Sistema Nacional de Salud como la aseguradora pública. Él dice que es una manera de hablar. Pero no, no es una manera de hablar. Ellos, en Cataluña, tienen una provisión privada y en su hoja de ruta lo siguiente será la desgravación de seguros privados. Y lo siguiente será el libre aseguramiento. El Estado le obliga a que usted tenga suscrito como los coches un sistema de protección, puede elegir entre el privado o el público. Y eso al final desemboca en que las personas que tienen un alto nivel de renta suscriben un sistema privado. Para ellos es importante ir quitándole prestaciones al sistema, como con la reproducción asistida. Que me la da el seguro privado, pues entonces yo me voy al privado, porque me da una complementariedad en las prestaciones que no me da el público.
¿La ley de blindaje andaluza incorporará algún mecanismo para poder asumir las prestaciones que el Gobierno retire de la cartera básica, como la reproducción asistida o el aborto?
No podemos. Pero lo estudiaremos, a ver qué podemos hacer ahí. La Ley de Estabilidad de las Administraciones Públicas le metió un ataque muy fuerte a la competencia autonómica porque dice que las comunidades no podrán incorporar prestaciones de servicios salvo que cumplan con el objetivo de estabilidad y así esté acreditado. Cosa que es imposible en estas circunstancias. Pero tendremos que estudiarlo jurídicamente y somos expertos en ello. Me da horror que retiren prestaciones de la cartera de servicios, porque la clase media es la que se desapega y el modelo está mantenido por la clase media. Si a la clase media no le das un servicio personalizado en reproducción asistida, en diagnóstico genético preimplantatorio, en valor añadido… lo mismo le dará, si el coste va a ser el mismo, pagar para un privado que para un público. Y al final habrá un sistema público, como pasa en América, de baja calidad y habrá un sistema privado de alta calidad con habitación individual, con menú a la carta, altos salarios profesionales, los mejores reclutados para el sistema privado.
¿Entonces el sistema público no está en riesgo por la crisis?
No. Es un desmantelamiento del sistema. Un cambio de sistema. Pero no olvidemos que la mejor garantía de que el sistema permita la igualdad de oportunidades es que te acuestes en una cama de hospital con un empresario al lado o con un gitano. Por eso no queremos habitaciones especiales, ni con recargos… La mejor garantía es que el banquero esté acostado al lado de la cama del gitano. Porque el médico que pasa es el mismo, la enfermera que lo cuida es la misma, la comida que recibe es la misma. Cuando tú rompes eso, hay  distingos y si hay distingos hay diferencias en el trato. El PP dice que es caro. No hay ningún otro sistema con el mismo coste con la misma calidad, pero no les importa, dicen que es caro. Es un problema ideológico.
¿Para cuándo estará la ley andaluza?
La quiero presentar antes de navidades. Estamos trabajando internamente. Ahora mismo estamos constituyendo grupos de trabajo de criterio expertos, personas conocedoras de las raíces del modelo. Igual que los lobbies dictan qué tienen que ir tocando para que al final la consecuencia natural sea el desmantelamiento sin que se note, nosotros tenemos ahora que reforzar las estructuras que afianzan el modelo, los pilares.
¿Qué balance hace del copago? La ministra ha dicho que en Andalucía se ha logrado un ahorro de 233 millones. 
Aún lo estamos estudiando. Lo que sí parece es que en el conjunto de España, los pensionistas han entregado 300 millones de euros del copago farmacéutico, según el estudio de alguna consultora encargado por la industria. Por eso digo que no es verdad que sea un ahorro en la factura farmacéutica, sino que es un coste trasladado al ciudadano. 300 millones de euros es mucho dinero. Además, cualquier mecanismo que impida el acceso de la llegada de las personas a la atención primaria es un mecanismo que encarece el coste de un tratamiento. España es un país que tiene mayor frecuentación en atención primaria, pero menos en urgencias, en consultas externas y hospitalización. Si hubiera que construir los modelos en tiempo de crisis, justamente tendríamos que ir a un modelo que aumentara la frecuentación en atención primaria y disminuyera la frecuentación en los otros entornos, porque disminuye el coste del tratamiento. El problema se atiende antes, con menos tecnología, porque la enfermedad se coge en un momento precoz.
En Europa, sin embargo, es habitual el copago. ¿Por qué?
El copago es habitual en los países con modelo de aseguramiento, como son la mayoría de los países de Centroeuropa. Sin embargo, en los países con modelo de sistema nacional de salud, como el nuestro, lo habitual es que no exista copago, salvo en la prestación farmacéutica. Por ejemplo, en el Reino Unido, que fue el modelo en el que nos miramos para construir el SNS, no tiene copago. No obstante, hay que recordar que Alemania ha reconocido recientemente la ineficacia del copago.
Se están quitando consultas de niños sanos. Y algunas mujeres se encuentran respuestas en el ginecólogo como: la prevención hay que pagarla. ¿Pagaremos por la prevención?
Eso sería tremendo. Una de las críticas que se le hace al sistema en España es que está muy medicalizado. Y es un sistema que todavía tiene capacidad de desarrollo en materia de prevención. La tendencia natural es incorporar esos elementos, porque la prevención, los hábitos de vida saludables son los nichos de salud que en el futuro hay que conquistar. En el sistema sanitario la prevención pivota sobre los médicos de familia y en la enfermería. Cuando un ciudadano llega con cualquier problema de salud, tiene que ser obligatorio que el médico le pregunte si fuma, si toma mucha sal, si hace actividad física. Creo que hemos mejorado, pero no lo suficiente. En el caso de los niños igual. Me da igual cómo se llame la consulta, pero es una tarea que tiene que desarrollar la atención primaria. El médico no solo tiene que ver el resfriado del niño.
¿Pensó que era un marrón cuando se tuvo que hacer cargo de Bienestar Social?
Me hizo mucha ilusión. Era un reto poder acercarnos al sistema de bienestar desde una experiencia de gobierno de un sistema primo hermano, como el sanitario. Sabíamos que venía con debilidad presupuestaria y había que hacer una tarea de gestión importante. Es un modelo al que aún no se le puede llamar sistema. El bienestar social se ha construido a partir de programas distintos, de retales, no se ha hecho una reflexión realmente de sistema, con una normativa. La primera aproximación que se hace al bienestar social es a través de la Ley de la Dependencia. El bienestar social siempre se consideró el patito feo de los servicios públicos, por muchas razones, porque estaba en la municipalidad y, por tanto, nunca se había abordado desde una perspectiva económica, porque se hizo con el concurso de tres administraciones sin que hubiera habido un debate sobre el modelo. Cuando aparece la Dependencia fue como un aire fresco, una corriente de vitalidad para un modelo que languidecía. Cuando ya estaba gateando y comenzaba a levantarse, llegó la crisis y le pegó un arreón. Y tengo dudas de si el modelo en el futuro va a estar en pie. Nuestro reto es sacar una ley de servicios sociales que articule un sistema del bienestar social, y que ya no sea dependencia por un lado y servicios sociales por otro, sino que sea que un sistema del bienestar, parecido a los sistemas de bienestar de los países nórdicos y que además tenga vasos comunicantes con el sistema sanitario. Porque hay personas que necesitan el concurso de ambos sistemas, que tienen que aprender mucho mutuamente.
¿Pero una ley sin dinero?
Hay que hacerla con el dinero que haya. Soy partidaria de que los textos legislativos que tengan vocación de diseño no pueden estar encorsetados por la perentoreidad -aunque eso mediáticamente es lo que siempre te aprieta el  zapato- de lo que mañana seas capaz de construir. Sino que dibujen una voluntad política y un escenario político sobre el que caminar. Por ejemplo, con el plan concertado no sabemos si vamos en una dirección o en otra. La reforma local le quita la competencia a los ayuntamientos y dice que se podrá proveer por los ayuntamientos si las comunidades aportan la suficiente financiación. Entonces, ¿vamos a una arquitectura de servicios sociales en el ayuntamiento o en la comunidad? Y, de ser así, qué arquitectura es la que te permite garantizar mejor la homogeneidad en la protección del derecho con independencia del ayuntamiento de turno.
¿Qué es lo que más le preocupa de la reforma local aprobada por el Gobierno?
Que todo el mundo se retira. El Gobierno se está retirando sin ocultarse del plan concertado. Cada vez aporta menos dinero, cada vez bajan más las partidas dedicadas a familias, a prevención de la drogadicción, se va retirando la financiación y nosotros no podemos compensar lo que deja de venir. Lo que más me preocupa es que el modelo no sea lo suficientemente sólido como para que la retirada de algunas de las administraciones no le siegue la hierba. Los ayuntamientos entienden que es la comunidad la competente, dicen que están dispuestos a dar los servicios pero que no pueden seguir aportando el dinero, con lo cual al final todo el mundo mira a la comunidad cuando esto era un pacto de tres administraciones. Me preocupa que la reforma local le dé una posibilidad a los ayuntamientos para retirarse. Porque si al final es la Junta la que tiene que financiar la totalidad de los servicios que se prestan en materia de bienestar social, ese dinero no existe. Hay que detraerlo de otras partidas. Y lo que me temo es que no podamos ponerlo y el sistema se quede sin esa financiación.
El anterior defensor criticó que la Junta no hacía lo suficiente para salvar la Ley de Dependencia de los ataques de la derecha.
Siempre que el Defensor del Pueblo es crítico sobre el desarrollo de una política, uno lo lee con detalle e intenta tomar nota de los que se critica. El encorsetamiento presupuestario que tiene la comunidad te obliga a que tengas que suplir una falta de financiación con un dinero que no tienes. Si estabas recibiendo 200 millones de euros para las personas que estaban dentro del sistema de la dependencia y te dejan de dar ese dinero,  que no estamos hablando de 20 millones, sino de 200, no puedo incorporar tantas personas al sistema como personas van saliendo. Y entonces se produce una ralentización del modelo. Eso es real. Lo digo y lo reconozco. El modelo se ha ralentizado. Sí. Cuando pones en marcha un servicio nuevo tiene una gran afluencia de llegada en primer lugar, pero tiene que ir al equilibrio. Llega un momento en que el número de personas que entran y que salen tiene que estar equilibrado, salvo que haya una catástrofe y nos volvamos todos vulnerables y dependientes. Andalucía estaba llegando a esa meseta en donde esto se tenía que haber equilibrado y le llegó la crisis. Entonces esto ya no solo no se equilibra, sino que como no puede entrar tanta gente como sale, al final retrocede.
¿Cuál es el espíritu del modelo cheque servicio?
Ese es el modelo del PP, el de Aguirre, que lo defiende por las bravas y el resto disimula. La ley dice que la administración tiene que posibilitar una oferta pública o concertada de servicios. Concertado es que yo pago la totalidad del coste del dependiente y yo me relaciono con la residencia, le pongo unas condiciones, velo por la calidad, saco un concurso, hay libre competencia y es libre adjudicataria. Público es si la residencia es de la Junta. Y privado: la residencia es de titularidad privada y la relación con el dependiente es privada. Ese es el modelo cheque servicio: a usted le corresponden 500 euros por su grado de dependencia. Aquí los tiene. Usted a final de mes me trae la factura y usted se las entiende con el privado. No media la oferta pública. Por eso concertado y privado no es lo mismo.
Pero eso es más barato, ¿no?
Sí. Si el dependiente te sale por la mitad de precio, ellos pueden rellenar la estadística. Atiende a dos en vez de a uno. Pueden decir que la ley se está desarrollando, pero el ciudadano se tendrá que buscar la vida. La residencia elegirá a las personas que tengan más renta. El problema es que se carguen el modelo, no que el modelo se ralentice. El escenario que el PP dibuja en Bruselas de cara al 2015 es dedicar un menor porcentaje del PIB  a sanidad y a bienestar social del que se está dedicando ahora. La aspiración no es recuperar el porcentaje de la riqueza que hay que destinar a la protección. El compromiso con Bruselas es que se destine muy poco dinero, es un modelo liberal, que cada ciudadano se busque la vida.
El decreto de exclusión social también ha arrancado las críticas de la derecha contra Andalucía. De ordenadores a bocadillos.
Me parece muy triste que la aproximación que se haga de la comunidad sea esa. De todas formas, no me sorprende. Yo creo que de alguna manera la idea que ha tenido el PP, la derecha en general de Andalucía, es esa imagen de subdesarrollo, de que aquí la población está subvencionada. Cuando cualquier sector sujeto a reconversión se ha financiado. Aquí el campo, en el norte los altos hornos o la industria textil. Interesa trasladar ese mensaje de que en Andalucía los ciudadanos votan al PSOE porque están subvencionados. Y que aquí tenemos a la población poco menos que atontá, mirando lo que le llega de las paguitas. Esa idea anidada en el ADN de la derecha andaluza de que aquí los ciudadanos no pueden ser de izquierdas sino que votan a la izquierda porque esto es un régimen que tiene a la gente subvencionada. Así no van a ganar nunca porque la gente no se identifica con eso.
¿Qué le parece Susana Díaz?
Me parece una persona que tiene muchas ganas, mucha ilusión, que tiene mucho futuro por delante. Yo confío mucho en la gente joven. Y ella es una persona que aprende a una velocidad impresionante. El talento consiste en aprender a una velocidad impresionante, no en tener mucho conocimiento previo acumulado, sino en tener capacidad de asimilarlo. Es un nuevo tiempo en la política, no solo en Andalucía, creo que también en España. Porque cuando Andalucía se mueve, todo el mundo mira a Andalucía y marca una pauta. El hecho de que sea mujer, que se hayan hecho primarias, que el presidente Griñán haya dado el paso, estando gobernando… Yo he visto que la gente está muy contenta de que sea una mujer. El valor de lo femenino es un valor en alza. Nuestra manera de abordar los problemas, de aproximarnos a la realidad, de entender que más allá de la razón hay también sentimientos. Ahora mismo el sentimiento más importante es el de retroceso y eso hay que gestionarlo. Los médicos lo sabemos bien porque para que un paciente luche contra una enfermedad tiene que tener vitalidad, no estar fuera de la realidad, que eso no te permite luchar bien, sino tener claves que le permitan dar la batalla. Si no se da la batalla no se vence la enfermedad. Y la sociedad tiene que vencer el pesimismo dando la batalla. Y yo tengo la confianza de que en el futuro las mujeres generemos un modelo propio que los hombres puedan imitar.

Fuente: publico.es 

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