Marea Blanca Aragon

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jueves, 29 de agosto de 2013

¿Defenderá la justicia nuestra salud?

Es imprescindible calibrar las verdaderas dimensiones de la privatización sanitaria y las necesidades organizativas y de línea para revertirla.


La privatización de la sanidad madrileña está paralizada por la justicia. Pero debemos prevenirnos de crearnos falsas esperanzas.
Si así lo sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el concurso para la adjudicación de la gestión de seis hospitales públicos en Madrid podría volver a repetirse,  lo que haría retrasar el traspaso a las concesionarias privadas entre ocho meses y un año, cuando estaba previsto que ocurriera este próximo mes de septiembre. En espera de la decisión del alto tribunal, que no entra en el tema de privatización sí o no, el proceso está paralizado cautelarmente.
La suspensión  se debe a que la Comunidad de Madrid cambió, a 4 días del plazo para presentar ofertas
por los hospitales a concurso, que el aval que debían depositar las empresas pasaba de 400 a 28 millones de euros. La denuncia fue puesta por el Partido Socialista de Madrid.
Esta buena noticia se suma a la reciente admisión a trámite  de la querella de la asociación de médicos Afem contra altos cargos de la sanidad madrileña  y responsables de empresas sanitarias beneficiadas por ellos. A raíz de esta denuncia, financiada por los propios médicos, saltó a a luz que una de ellas, Capio, tiene su sede en las Islas Caimán (infolibre.es) y desvía pacientes VIH del hospital que gestiona en Valdemoro a hospitales de gestión pública.
Son, sin duda, palos en las ruedas que dan brío a las movilizaciones. Otros sindicatos y profesionales de la sanidad han acudido a los tribunales. Pero cuidado, hay que prevenirse de falsas expectativas.
Impasible, la Comunidad de Madrid sigue adelante con el desmantelamiento y venta de la sanidad esperando que las movilizaciones se disipen y los tribunales admitan la legalidad del proceso. Ya desde el 1 de julio, Madrid obliga a los médicos a exigir a los pacientes crónicos desplazados durante menos de tres meses, a traer la medicación necesaria para su tratamiento o, en su defecto, las correspondientes recetas validadas en su autonomía de origen.
Por lo tanto, para los que aspiramos a una sanidad nacional y popular, es imprescindible calibrar las verdaderas dimensiones de la privatización sanitaria y las necesidades organizativas y de línea para revertirla.
De lo contrario corremos el riesgo de que un enorme esfuerzo humano como es el ya hecho en Madrid con las huelgas y movilizaciones, acabe siendo fagocitado por  la endémica y perniciosa tendencia a identificar las causas de nuestros males con “la derecha” y servir como balón de oxígeno a la corroída y quebrada pata izquierda del modelo bipartidista, el PSOE: Los dirigentes de las diferentes asociaciones profesionales repiten que esto no es una batalla de izquierdas y derechas, y tienen razón. Precisamente por ello la lucha sanitaria debe engranar su enorme potencial con un ajustado diagnóstico de las tendencias de clase en liza y con unas miras estratégicas que lo vacunen contra cualquier traspiés.
El avispero
La sanidad madrileña se ha convertido en el gran avispero sanitario nacional. A ella concurren los intereses y corrientes que pretenden hacerse un hueco en la nueva configuración sanitaria española. A codazos, como no puede ser de otra manera.
Los profesionales sanitarios se han puesto a la cabeza, como  Marea Blanca catalizadora de un rechazo ciudadano masivo expresado en la reciente consulta popular sobre la privatización sanitaria y éxitos notables como el del Hospital de La Princesa. Una marea que agrupa a sindicatos, asociaciones profesionales y ciudadanas en defensa de la sanidad pública. Cumple ya ocho meses de lucha y sale a la calle el tercer domingo de cada mes.
Y, por otro lado, los grandes fondos de inversión y grupos financieros (detrás  de las grandes concesionarias sanitarias) que van de la mano de una administración autonómica especialmente activa en  la degradación  y venta de la sanidad pública tal como ordenan el FMI y la UE. Estos están entrando en su nuevo nicho de negocio tratando de trampear el rechazo ciudadano y limar las aristas  judiciales del macro-proceso privatizador.
Una batalla muy desigual. Y más cuando los sectores nacionales (banca, constructoras, grupos hospitalarios, etc.) que ya tienen sus posiciones tomadas en la sanidad están jugando el papel de meros intermediarios, renunciando (ellos y las principales fuerzas parlamentarias) a jugar cualquier papel catalizador de una sanidad público-privada nacional.
Con sabor anglo-sajón
El sector sanitario privado ha pasado de estar muy atomizado, con multitud de clínicas individuales, muchas de ellas bajo la gestión  de órdenes religiosas o de agrupaciones de médicos, a vivir un proceso de concentración en manos de 3 grandes grupos financiados por el capital riesgo: Capio Sanidad (propiedad del fondo norteamericano CVC), Ribera Salud y UPS Quirón (del fondo de inversión británico Doughty Hanson).
Bancos y constructoras que entraron en la primera fase de privatización de servicios no sanitarios se  limitan a salvar  los muebles vendiendo al mejor postor. La constructora Sacyr está negociando con varios fondos, uno de ellos el grupo inversor británico Lloyds Bank,  la venta de su concesión de servicios en  los hospitales madrileños del Henares e Infanta Cristina, la mayor fuente de ingresos para la concesionaria del grupo.
Respecto a Ribera Salud, concesionaria para  el Infanta Leonor de Vallecas y el de Arganda del Rey, está a punto de caer en manos del  grupo sanitario norteamericano  Centene Corp. Este  pretende comprar a  la aseguradora Adeslas (La Caixa) el 51% del accionariado del hospital de Alzira, hospital bandera del grupo Ribera Salud. Un paso estratégico en un momento en que  los actuales propietarios de Ribera Salud  (Bankia y Sabadell) tienen intención de desinvertir en el sector.
A Sanitas (integrada en la mayor aseguradora británica BUPA) se le ha adjudicado el Hospital de Henares de Coslada, mientras que al grupo puertorriqueño (EEUU) Hima San Pablo Inc se le ha concedido el Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes y los hospitales Infanta Cristina de Parla y el del Tajo de Aranjuez. Su presidente afirmó en una entrevista en la Cadena Ser que su entrada en la sanidad  madrileña era un paso para desarrollar su negocio de “turismo sanitario”, en un momento donde se está aprobando la libre circulación de pacientes en territorio europeo a partir del próximo mes de octubre.
Los acontecimientos se dirigen aceleradamente hacia un punto donde el camino se bifurca definitivamente, y desaparece el camino de en medio, el que pretende conciliar el saqueo y la venta de la sanidad  ordenada por la Troika con la posibilidad de una sanidad pública al servicio de las necesidades de la mayoría.  La sanidad pública en manos de un gobierno popular que la ponga en manos y al servicio del pueblo dentro de un programa de redistribución de la riqueza,  ampliación de la democracia y  soberanía nacional. O una sanidad pública como apéndice y fachada de los intereses de  las farmacéuticas y grandes   inversores anglo-norteamericanos. No hay más.

Fuente: deverdaddigital.com

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