Marea Blanca Aragon

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martes, 27 de mayo de 2014

Los médicos de familia alertan del riesgo de que las mutuas revisen las altas laborales

El Gobierno prepara una ley que dará poder a las mutuas para intervenir en las decisiones de los facultativos. Ellos auguran peligro para el paciente y también para su entorno

 


Las reglas del juego en el terreno de las altas y bajas laborales están a punto de cambiar, y algunas de las novedades han puesto en pie de guerra a los médicos de cabecera, que son los que las gestionan. El anteproyecto de la nueva Ley de Mutuas que prepara el Gobierno (y, en concreto, la cartera de
Empleo y Seguridad Social) concede más atribuciones a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Estas entidades que tienen naturaleza privada pero que responden exclusivamente ante el Ministerio y no ante las empresas que deben pagar una cuota podrían a partir de ahora aumentar sus competencias. Actualmente, la mutua puede aconsejar que se dé el alta y el médico tiene 15 días para contestar. Si no lo hace, se da por hecho que ha decidido no tener en cuenta la recomendación y el enfermo continúa sin acudir al trabajo.
Sin embargo, y de aprobarse este punto (el texto está en fase de consulta), se daría la vuelta a la tortilla y se aplicaría lo que se conoce como silencio administrativo positivo. En vez de quince días, se darán cinco al médico para contestar y, si no lo hace, el paciente recibirá el alta.
«Esto quiere decir en la práctica que si uno de mis pacientes llega con un problema y yo le doy 7 días de baja, pero la mutua considera que con menos es más que suficiente, deberá volver a trabajar antes de tiempo con el riesgo de que recaiga pronto y de que incluso cause contagios u otros problemas en su entorno», explica Antonio Pablo Martínez, presidente en Aragón de Semergen (sociedad española de médicos de atención primaria). También hay que precisar que el médico tendría derecho a contestar por escrito y rebatir, pero dentro de un escaso plazo de 5 días.
El debate está servido y, por cierto, más enconado que nunca. Quienes defienden esta opción insisten en que es una forma de descolapsar las consultas de Atención Primaria, de agilizar pruebas médicas y de ahorrar, ya que una vigilancia más cerrada ajustaría más el periodo de ausencia laboral. De hecho, el Gobierno calcula un ahorro cercano a los 227 millones de euros. Además, destacan que nunca existiría ánimo de lucro, ya que los excedentes de estas mutuas revierten directamente en las pensiones.
Los sanitarios, sin embargo, recelan de las nuevas directrices y se sienten ninguneados. Para empezar, porque piensan que se están poniendo en tela de juicio sus decisiones, como si las altas dependieran de una suerte de connivencia con el ciudadano.
Por no destacar solo lo negativo, están de acuerdo en que algunas novedades son positivas y ayudarán a reducir burocracia. Por ejemplo, se quiere lograr que si un paciente tiene una baja prolongada, por ejemplo, porque se está sometiendo a un tratamiento contra el cáncer, no tenga que acudir semanalmente a por su parte a la consulta, sino una vez al mes. De esta manera, se evita muchas de las consultas puramente administrativas que se generan.
Arma terapéutica
Otros puntos les resultan intolerables. «Esto no va de tratar enfermedades, si no enfermos. Una depresión es diferente en cada paciente, y es su médico el que sabe qué factores influyen y si debe descansar más o menos o cuál es su trayectoria», insiste Antonio Pablo Martínez.
Tanto él como Fernando Barrera, profesional de cabecera y miembro de la sociedad de medicina familiar y comunitaria en Aragón (Samfyc), hablan de las bajas como de «armas terapéuticas de primer orden». «El descanso es una de las bazas más importantes que tenemos», recalca Barrera.
«El paciente tiene derecho al descanso si está enfermo, pero su entorno también tiene derecho a estar protegido», argumenta. Y cita algunos ejemplos. «¿Puede un conductor de autobús con mareos, aunque sean esporádicos, coger un autocar? ¿O un cocinero ir a la cocina con un virus mal curado? ¿O un policía con depresión reincorporarse si no hay una plena garantía de que está bien?», se pregunta el facultativo.
Otro riesgo que todos apuntan es el de que las mutuas tengan acceso a las historias clínicas de los pacientes, llenas de información sensible.
Vía: Heraldo de Aragón. L. Cotera

Fuente:heraldodeoregon.wordpress.com

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