Marea Blanca Aragon

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jueves, 5 de junio de 2014

Sanidad tiene congelado el fondo de compensación autonómico

La falta de regulación complica la asistencia médica entre regiones

Creado en 2012 y aún pendiente, debe garantizar la atención a los desplazados


Recibir asistencia sanitaria en una autonomía distinta a la de origen puede convertirse en un calvario burocrático salpicado de amenazas de tener que pagar por la atención recibida. La situación se complica en verano, con los desplazamientos a zonas turísticas. El instrumento diseñado por el Gobierno para resolver estos problemas, un fondo de compensación regional, aún no se halla
operativo ni está previsto que lo esté en la próxima temporada estival, a punto de comenzar.
En marzo de 2012, Sanidad anunció que ya tenía la solución a los problemas surgidos entre autonomías por el coste de la atención a pacientes de otras regiones, ya fueran veraneantes, residentes por motivos de trabajo o vecinos de municipios de comunidades limítrofes. El ministerio que dirige Ana Mato anunció la creación del Fondo de Garantía Asistencial (Foga) para compensar el gasto entre autonomías y “garantizar a los pacientes que sean correctamente atendidos en toda la red pública, con independencia de dónde residan y dónde se encuentren”. Dos años más tarde, esta herramienta aún no se ha puesto en marcha y los problemas siguen.
Victoria y María han vivido recientemente estas dificultades al recibir atención por sus embarazos. Victoria, de 38 años, dio a luz a mellizos el 11 de abril en la maternidad del hospital Gregorio Marañón, de Madrid. La víspera de recibir el alta, un trabajador del hospital se presentó con un recado. “Nos dijo que había un problema con la tarjeta sanitaria, que no era de la Comunidad de Madrid y que debía pagar el coste de la asistencia hasta que se hiciera cargo de ella mi autonomía de origen”, recuerda. Fueron cinco días de hospitalización para ella y otros tantos de sus dos hijos en cuidados intermedios. Uno de los bebés estuvo además un día en intensivos. Solo la cesárea de alto riesgo cuesta, como mínimo, 3.486 euros, según la lista de precios públicos de la sanidad madrileña.
Victoria es andaluza, pero tras 15 años en Madrid nunca había tenido problemas a la hora de recibir asistencia con su tarjeta sanitaria madrileña. Su pareja se desplazó al centro de salud para resolver el problema, donde le comunicaron, para su sorpresa, que figuraba como paciente andaluza. Un día antes, la habían borrado de la sanidad madrileña. “Era absurdo. Tras insistir mucho, expidieron la nueva tarjeta”, apunta, con la que el hospital asumió finalmente los gastos.

María (nombre bajo el que quiere resguardar su identidad) trabaja en Valencia, pero está empadronada en Plasencia, donde nació. El Hospital General de Valencia se ha resistido a practicarle las ecografías de seguimiento de su gestación con la excusa de que su tarjeta sanitaria es de desplazada, como ha plasmado en la queja que ha presentado a la Consejería de Sanidad. Tras insistir, consiguió que le hicieran el estudio, pero se encontró con el mismo problema al pedir una nueva cita para recoger el resultado de la prueba. Y, de nuevo, al retirar los análisis. El hospital valenciano le solicitó incluso, relata, que acudiera al Virgen del Puerto de Plasencia para pedir que desde allí la derivaran al primero con la intención de que la sanidad extremeña asumiera los gastos de las ecografías y el resto de pruebas del embarazo, además del parto, cuando se presente.
“Que se pongan de acuerdo entre las dos Administraciones. Yo no tengo por qué pagar esta falta de entendimiento”, se lamenta María.
La Comunidad de Madrid sostiene que nunca se ha cobrado a un paciente de otra autonomía por la atención recibida. Fuentes del Hospital General de Valencia admiten que si la paciente no está empadronada en Valencia debe acudir a su servicio de aseguramiento para validar cada cita.
El Foga entró formalmente en vigor tras su creación en abril de 2012, pero, en la práctica, aún no se ha activado. “Según vayan estando la mayoría de las comunidades autónomas en disposición de facilitar la información y se adecuen los sistemas informáticos, se irá compensando por la actividad generada desde esa fecha [en relación a abril de 2012]”, apuntan fuentes del ministerio.
El primer paso para que el fondo comience a rodar consiste en fijar unos costes homogéneos por tratamiento para todas las comunidades, de forma que estas puedan cruzar datos sobre el movimiento de pacientes y su gasto. Esta etapa ya se ha cubierto, según Sanidad. También se han acordado algunos de los conceptos que se compensarán mediante el fondo.
Cuando todas las autonomías hayan hecho los deberes, el ministerio señala que se comenzará a pagar por los servicios prestados desde la entrada en vigor oficial del fondo, es decir, abril de 2012. Primero, se atenderá el gasto de los desplazamientos inferiores a un mes y el realizado en medicamentos. Para 2015, Sanidad espera extender la actividad a la atención primaria y la cartera suplementaria —las prestaciones que quedan al arbitrio de las autonomías, fuera del paquete básico—.

Las quejas de las comunidades turísticas

El Fondo de Garantía Asistencial (Foga) era una más de las medidas del paquete de recortes —el Real Decreto de abril de 2012 para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud— que, entre otras cuestiones, excluyó de la asistencia sanitaria normalizada a los inmigrantes en situación irregular o extendió el copago farmacéutico a los jubilados.
El Ministerio de Sanidad tardó poco más de cinco meses (en septiembre) en mutilar la cobertura de la red pública a los sin papeles. Le costó menos (tres meses, en julio) comenzar a cobrar por el nuevo copago.
Con el Foga, el ritmo ha sido más lento; tanto, que aún no ha comenzado a andar. La iniciativa trataba de responder a las quejas de las regiones receptoras de turistas nacionales, que asumen un gasto sanitario extraordinario, especialmente durante los meses de verano, al tener que asistir a pacientes llegados de otras autonomías en sus centros de salud y hospitales, sobre todo en urgencias.
Aunque, como destacan las autonomías emisoras de turistas, esta afluencia de visitantes también eleva la actividad económica en la zona, con la correspondiente repercusión en el aumento de ingresos y en la recaudación de impuestos, lo que compensa la elevación del gasto sanitario.
“Estamos muy expectantes y deseando que el fondo arranque ya”, indican fuentes de la Consejería de Sanidad andaluza. Esta región, junto a la Comunidad Valenciana, es una de las más interesadas en la fórmula de compensación, al encontrarse entre los principales territorios receptores de turistas nacionales. “Nosotros ya tenemos todos los sistemas informáticos listos”, añaden las mismas fuentes.
En la Comunidad Valenciana, la Consejería de Sanidad asume que el Foga aún no se ha activado. “El reconocimiento del gasto a través del fondo se irá haciendo progresivamente. De momento se está trabajando en el gasto de farmacia y la atención primaria”.
El fondo también se articuló para combatir problemas como el conflicto abierto entre La Rioja y el País Vasco a finales de 2011, cuando la sanidad riojana ordenó que se dejase de prestar atención especializada en sus centros a unos 10.000 vecinos de poblaciones alavesas como Laguardia, Labastida u Oyón.
Antes se habían producido problemas similares entre Cataluña y Aragón, e incluso incidentes en la atención a turistas nacionales, hasta el punto de que, en algunos consultorios de localidades costeras valencianas, por ejemplo Cullera, hace tres años se llegaron a colgar carteles advirtiendo de que no se derivarían enfermos a la atención del especialista.

Fuente: elpais.com


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