Marea Blanca Aragon

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viernes, 25 de julio de 2014


La Sala Primera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó el pasado 3 de julio una sentencia histórica, en respuesta al recurso de casación del Consejo de la UE que buscaba impedir el acceso a los documentos de las negociaciones internacionales, tanto a ciudadanos europeos como a sus
respectivos representantes en el Parlamento Europeo.
Si bien la Sentencia C 350/12 P no se refiere directamente al Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones (más conocido por sus siglas en inglés TTIP), sí que le afecta de lleno por establecer de forma firme, y por lo tanto creando jurisprudencia frente al habitual secretismo de la Comisión, la obligación de permitir el acceso a los documentos de una negociación internacional, total o parcialmente, a cualquier ciudadano o representante del Parlamento Europeo, anulando las estratagemas más comunes para la denegación de acceso a dicha información, basadas en hipotéticos perjuicios o simplemente arguyendo que es una negociación que ya está en curso.
Como viene siendo habitual en las negociaciones del TTIP, el Consejo Europeo y la Comisión Europea han denegado sistemáticamente el acceso a los documentos, basándose en el perjuicio que supondría hacer públicas las estrategias de negociación de la UE, puesto que dicho conocimiento daría, según la Comisión, una ventaja substancial a la parte contraria,  Estados Unidos.
La Sentencia de la Sala Primera del TJUE interpreta adecuadamente el equilibrio de intereses entre las instituciones europeas, que deben garantizar el acceso a toda la información de su gestión como muestra efectiva del derecho de los ciudadanos a la transparencia, con la necesaria discreción que debe acompañar a una negociación internacional, que evite descubrir a la parte contraria las líneas fundamentales de la estrategia negociadora.
Si bien la transparencia debería ser intrínseca al funcionamiento de las instituciones europeas, y sobre todo en el caso de la Comisión Europea debido a su escaso carácter democrático, el TJUE se ve obligado a recordar al Poder Ejecutivo toda una serie de obviedades sobre transparencia, acceso a documentos elaborados o recibidos por instituciones  europeas y derechos fundamentales de ciudadanos, contemplados en el art. 6 del Tratado UE y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
El Tribunal reconoce que existen excepciones a la hora de acceder a cualquier documento, como son los datos personales o las establecidas en el Reglamento (CE) nº 1049/2001 - Artículo 4, apartados 1, letra a), tercer guion, 2, segundo guion, y 6.
Al mismo tiempo, su excepcionalidad hace que su aplicación se use de forma puntual y por lo tanto, cuando se esgrime para impedir el acceso a una documentación, la institución que deniegue dicho acceso deberá fundamentarlo mediante razones objetivas, no hipotéticas, y en ningún caso impedirá el acceso a los restantes elementos de la documentación que no estén afectados por dicha excepcionalidad. Es decir, que si bien la Comisión o el Consejo pueden censurar aquellos aspectos que se vean afectados por tal excepción objetivamente, no puede impedir el acceso público al resto del documento o documentos.
La primera conclusión sobre la Sentencia del TJUE es que, frente a la política de la Comisión Europea de convertir la excepción en regla, dicho Tribunal vuelve a relegar la excepción a su naturaleza original, volviendo a ser un hecho puntual y basado en argumentos fundados y objetivos y no en meras hipótesis o supuestos.
Por esta razón elemental, desde este momento los negociadores del Acuerdo deberán permitir el acceso a todos los documentos del TTIP, censurando única y exclusivamente los párrafos que pudieran afectar a las líneas principales de negociación y que no sean ya conocidos por la otra parte.
Un segundo punto interesante de la Sentencia es que, frente al argumento dado por la Comisión y el Consejo de que la documentación podría evidenciar discrepancias que debilitaran la posición negociadora, el Tribunal establece que la mera existencia de puntos divergentes no era en sí mismo suficiente para concluir que era un perjuicio.
Este punto, que en cualquier democracia pudiera ser algo evidente, en la Unión Europea y en sus organismos menos democráticos (Consejo Europeo y Comisión Europea) necesita ser recordado.
El tercer punto a destacar de la Sentencia es que el Tribunal anula como argumentación que las negociaciones internacionales, por sí mismas, no son un motivo de excepción si no se fundamenta objetivamente la razón por la cual se niega el acceso a los contenidos de dicha negociación internacional.
En este sentido, el Tribunal de Justicia Europeo recuerda que el reglamento 1049/2001 (en el cual también se reglamentan las excepciones), en su cuarto Considerando y en su Artículo Primero, garantiza el acceso más amplio posible a los documentos de las instituciones y que la aplicación de las excepciones deben interpretarse y aplicarse en un sentido estricto.
Cito literalmente los puntos 52 y 53 de la Sentencia:
52. En efecto, por una parte, cuando la institución afectada decide denegar el acceso a un documento cuya divulgación se le ha solicitado, debe, en principio, explicar las razones por las que el acceso a dicho documento puede menoscabar concreta y efectivamente el interés protegido por una excepción prevista en el artículo 4 del Reglamento nº 1049/2001 que invoca dicha institución. Además, el riesgo de dicho menoscabo debe ser razonablemente previsible y no meramente hipotético (sentencia Consejo/Access Info Europe, EU:C:2013:671, apartado 31 y jurisprudencia citada).
53. Por otra parte, cuando una institución aplica una de las excepciones previstas en el artículo 4, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 1049/2001, le corresponde ponderar el interés específico que debe protegerse no divulgando el documento de que se trate y, en particular, el interés general en que dicho documento sea accesible, habida cuenta de las ventajas que se derivan, como señala el segundo Considerando del Reglamento nº 1049/2001, de una mayor apertura, a saber, una mayor participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones y una mayor legitimidad, eficacia y responsabilidad de la Administración para con los ciudadanos en un sistema democrático (sentencia Consejo/Access Info Europe, EU:C:2013:671, apartado 32 y jurisprudencia citada).
El cuarto punto de la Sentencia que destacaría se refiere al papel de la Comisión Europea en los acuerdos internacionales donde no sólo ejerce como representante del Poder Ejecutivo, sino que actúa al mismo tiempo como Poder Legislativo, por lo que la transparencia debería formar parte intrínseca dentro de las directrices esenciales marcadas por los negociadores europeos.
De hecho en el punto 76 de la Sentencia se destruye el objetivo que tiene la Comisión de mantener en secreto las negociaciones hasta que se haya cerrado el Acuerdo entre las partes y que simplemente la función del Parlamento Europeo se limitase a aprobar y rechazar el TTIP en su conjunto.
El Tribunal dicta: “El interés público relativo a la transparencia del proceso de toma de decisiones se vería vacío de contenido si sólo se considerara una vez finalizado tal proceso, como propone la Comisión.”
Esta conclusión del Alto Tribunal anula la postura antidemocrática de ocultar los contenidos del TTIP con el fin de evitar un debate público y que muestre las discrepancias existentes frente al Acuerdo, pero en este caso no basadas en filtraciones o supuestos, sino en documentación original.
La Sentencia del TJUE aporta los argumentos necesarios para realizar una petición formal de los documentos de la negociación puesto que:
1.- Los documentos ya consolidados son conocidos por ambas partes y por lo tanto no se puede argumentar que perjudiquen las líneas estratégicas de negociación.
2.- El hecho de que la negociación del TTIP esté en curso actualmente no es argumento suficiente para negar el acceso a los documentos como expresa esta Sentencia, y dicha interpretación está avalada por otras sentencias anteriores, creando jurisprudencia.
3.- De la Sentencia se deduce que los ciudadanos no sólo tienen derecho a acceder a los documentos generados por los negociadores de la UE, sino también a aquellos de la contraparte norteamericana que hayan llegado a manos de negociadores del Comisionado de Comercio.
4.- Si bien el Tribunal reconoce que es necesario establecer excepciones en cuanto a la transparencia de las líneas negociadoras de aquellos apartados sobre los que aún no se haya alcanzado acuerdo, también reconoce que estas excepciones convenientemente censuradas no suponen la negación de acceso al resto del documento no afectado por dichas excepciones.
5.- La Sentencia recuerda a la Comisión que, cuando ésta realice negociaciones que supongan cambios en la legislación, la transparencia deberá prevalecer sobre otros intereses.
6.- Los ciudadanos tenemos el derecho a acceder a toda la documentación sobre el TTIP. Las excepciones que se apliquen mediante censura parcial de los textos deberán ser argumentadas de manera objetiva y no sobre supuestos hipotéticos o contrarios al Tratado UE y a la Carta de los Derechos Fundamentales.
Desde mi punto de vista, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos permite realizar una acción directa de lucha contra el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones entre EEUU y UE mediante la petición de los documentos de negociación y la divulgación pública de los mismos que permitirían dar a conocer las auténticas intenciones de los negociadores europeos y de las corporaciones que guían los objetivos del TTIP en contra de los derechos ciudadanos, sociales, laborales y, sobre todo, medioambientales.
En definitiva, buscan la destrucción de la Democracia, convirtiéndonos a los ciudadanos en meros consumidores, subvirtiendo la soberanía ciudadana en soberanía corporativa. Pero no lo permitiremos.
El procedimiento original esta escrito en inglés, por lo que después de la traducción en español podéis leer el procedimiento original en inglés.

                              Fuente:economia-ciudadana.blogspot.com

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