Marea Blanca Aragon

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lunes, 15 de septiembre de 2014

El Gobierno aragonés, obligado a pagar por la muerte de un paciente en una clínica privada

Un informe jurídico oficial determina que hubo una «falta de vigilancia en la clínica concertada» en la que murió tras ser enviado allí por la Sanidad pública para ser operado de hernia

 
 

El Gobierno aragonés deberá indemnizar a la esposa e hijos de un paciente de 64 años que murió tras haber sido operado de un hernia en la clínica privada Montpellier de Zaragoza, a donde la Sanidad pública remitió al enfermo al amparo de los conciertos de derivación de pacientes
que tiene suscritos la Administración.
El paciente, que era asmático desde hacía años, fue operado el 7 de febrero de 2011. Pocas horas después falleció en la propia clínica, tras sufrir un cuadro de asma que desencadenó un estado de salud crítico.
Pese a que su condición de asmático constaba en su historial clínico y que en las pruebas preoperatorias se determinó también que debía ser tratado por ello con la medicación habitual antes y después de la intervención quirúrgica, estas observaciones no se cumplieron.
Así lo concluye el informe jurídico oficial que ha emitido por el Consejo Consultivo de Aragón, más de tres años después de que muriera este paciente.
En dicho informe se destaca que hubo una «falta de vigilancia en la clínica concertada Montpellier» y que es eso lo que la hace responsable de la muerte del enfermo, así como al Servicio Aragonés de Salud (Gobierno de Aragón). El mismo informe indica que las circunstancias que incurrieron en este caso permiten concluir que se produjo «un funcionamiento anormal que no puede quedar indemne».

Deberá pagar el Gobierno regional

El dictamen jurídico no concreta la cuantía de la indemnización que deberá pagarse a la familia desde el Gobierno aragonés. Se especifica que deberá ser la Consejería de Salud la que fije su importe.
Lo que queda claro es que, pese a haberse producido los hechos en una clínica privada, deberá ser el Gobierno aragonés, con cargo al presupuesto de la Comunidad autónoma, quien deba abonar esa indemnización a la familia del fallecido. Esto sin perjuicio de que luego la Administración pueda reclamar a la clínica.
Esto es así porque fue la Administración sanitaria la que envió a este paciente a dicho centro privado para ser operado en él en vez de en un hospital público. Además, se da la circusntancia de que en aquel momento la póliza de responsabilidad que el Servicio Aragonés de Salud tenía suscrita no cubría a las actuaciones que se llevaran a cabo en centros privados concertados. En dicha póliza se establecía expresamente: «quedan excluidos los centros concertados, salvo el personal de la Diputación General de Aragón que, por cuenta de ésta, preste servicios asistenciales en los mismos».
La familia del fallecido presentó la reclamación de indemnización el 21 de diciembre de 2011. Hace cuatro meses, exactamente el 29 de abril del presente año, la propuesta de resolución de la Consejería aragonesa de Salud desestimaba la reclamación, por entender que no había una relación de causa-efecto entre la actuación médica dispensada en la Clínica Montpellier y la muerte del paciente.
Sin embargo, el Consejo Consultivo de Aragón ha rechazado la posición de la Consejería de Salud y entiende que sí hubo un funcionamiento anormal del que, ante la familia del fallecido, es directamente responsable la Sanidad pública aragonesa. 

Fuente: abc.es

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