Marea Blanca Aragon

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lunes, 24 de noviembre de 2014

Empresas privadas ajenas a la salud optan a gestionar cuatro ambulatorios

 El PSC alerta de que hasta 80 CAP pueden acabar en manos de sociedades sin experiencia en el sector


Las alarmas contra la privatización de la sanidad han vuelto a saltar entre los profesionales de la atención primaria catalana después de que el Departamento de Salud sacase a concurso público, el mes pasado, la gestión de cuatro áreas básicas de salud (ABS). Esos centros estaban hasta ahora en
manos de entidades de base asociativa (EBA) administradas por personal sanitario y de la fundación de un consorcio de salud. El pasado jueves se abrieron las plicas del concurso y al menos dos empresas privadas ajenas a la atención primaria directa se han presentado al proceso de contratación.
Ayuntamientos, partidos políticos y sanitarios temen que empresas con ánimo de lucro no relacionadas con la asistencia sanitaria irrumpan en la atención primaria catalana. La diputada del PSC en el Parlament, Nuria Segú, alerta de que estos cuatro casos solo son “la punta del iceberg”: de los 369 centros de atención primaria (CAP), un 80% están gestionados por el Instituto Catalán de la Salud (ICS), mientras que el 20% lo están por un tercero. “Este 20% en un momento u otro también podrá ser objeto de un concurso, lo que supondría que unos 80 ambulatorios podrían pasar a ser gestionados por grandes empresas del sector privado”, denuncia.

Los antecedentes refuerzan la alerta del sector. En 2012, Salud sacó a concurso público la gestión del ABS de L’Escala de Girona —que comprende un centro de atención primaria (CAP) y siete consultorios locales— y lo adjudicó a Eulen, una multinacional de servicios generales, por 24 millones de euros. La resolución puso en pie de guerra a los ayuntamientos afectados, incluido el entonces alcalde de Figueres y hoy consejero de Territorio, Santi Vila, que también presidía la Fundación Salut L’Empordà, responsable de la gestión del ABS hasta ese momento. Tras las alegaciones de la Fundación (controlada por el Consorcio de Salud y Social de Catalunya), el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) declaró nulo el concurso y el departamento frenó el proceso.

Salud ha vuelto ahora a la carga y ha licitado de nuevo la gestión del ABS de L’Escala por unos 39 millones durante los próximos diez años. Además, la Generalitat ha aprovechado para sacar a concurso público la gestión, también por diez años, de otras tres ABS controladas hasta ahora por empresas de profesionales sanitarios: la de Barcelona 3A (al que pertenece el CAP de Les Hortes, en el barrio de Poble-sec) por 50 millones, la de Alt Camp Oest (al que pertenece el CAP Alcover y cuatro consultorios locales) por 25 millones y la de Vic 2 Sud (con el CAP El Remei y un consultorio local) por 63 millones.

“Hemos sacado a concurso aquellos que no estaban gestionados por ninguna entidad de derecho público dependiente de la Generalitat o de administraciones locales”, justificó el consejero de salud, Boi Ruiz, en el Parlament. Un portavoz del departamento ya ha avanzado que las resoluciones se formalizarán a finales de diciembre y el año que viene licitarán todos los centros a los que se les venza el contrato.

En L’Escala, además de la Fundación Salut Empordà, Eulen se ha vuelto a presentar y también ha entrado a concurso una unión temporal de empresas (UTE) formada por SAR residencial y asistencial, SAU y Alter Salus S. L. (especializados en atención geriátrica y gestión de atención primaria, respectivamente). El ayuntamiento de L’Escala ha reclamado en una moción que se paralice el proceso de adjudicación y se abra un debate para excluir la “posibilidad de que puedan ocuparse de la asistencia primaria empresas privadas con ánimo de lucro”.

La moción, aprobada esta semana por todos los partidos salvo CiU, reclama que la Generalitat garantice por escrito que los programas asistenciales del CAP serán los mismos que los de cualquier otro ambulatorio. “Nos preguntamos de qué manera se garantizará la calidad asistencial si lo que marcará la puntuación es la baja en la oferta económica”, reza el texto. “No es casualidad que en las bases de adjudicación del concurso no sea condición imprescindible la acreditación de experiencia en el sector, lo que da pie a la entrada de empresas del perfil de las que concurrieron en el anterior concurso”, añade en alusión a Eulen.

El concurso del ABS de Alt Camp Oest también ha caldeado los ánimos en los municipios tarraconenses de Alcover (donde se ubica el CAP) y El Milà, Riba, Montral y Vilaverd (donde están los consultorios). Los plenos de los cinco consistorios han aprobado (o lo harán en los próximos días) mociones a favor del actual modelo de gestión y prevén remitirlas a Ruiz y al director del CatSalut, Josep Maria Padrosa. “No entenderíamos que un modelo de gestión altamente satisfactorio avalado por estudios y encuestas cambiase de manos”, explica el alcalde de Alcover, Antón Ferré.
El consistorio también alerta del peligro por la “posible irrupción de multinacionales” ajenas a la sanidad. Y pide a Salud que adapte la normativa para que, en los concursos de gestión, se dé prioridad a las empresas con experiencia en el área y con raíces territoriales. En Alcover, la moción fue presentada y apoyada por CiU. El director del CAP de Alcover, Ramón Descarrega, explica que el contrato a la EBA les fue renovado en 2007. El año pasado debía celebrarse otro concurso, pero se frenó por la polémica ocurrida en el CAP de l’Escala. Ahora la EBA ha vuelto a presentarse. “Hay una puntuación en el concurso. En el apartado de economía obviamente nuestro nivel no es como el de las grandes empresas”, lamenta Descarrega.

Los socialistas, que han interpelado al consejero sobre los concursos de los CAP en diversas ocasiones, preparan una moción para el próximo pleno del Parlament en el mismo sentido. Por un lado, el PSC pide realizar un informe para estudiar alternativas a su salida a concurso y para “blindar” el sistema de “la entrada de empresas privadas”. “Si los hospitales no salen a concurso público, los centros asistenciales tampoco deberían. Proponemos como alternativa urgente un decreto de redes como ya se hizo con los hospitales mediante el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña (Siscat). La Generalitat no ha hecho nada para prevenir esta situación”, lamenta Segú.
La diputada del PSC cree que la sanidad se ha convertido en un territorio jugoso para los grandes grupos empresariales por dos motivos. “Por un lado, ha cambiado el interés del capital, que antes estaba refugiado en la construcción. Por otro, la normativa europea de contratación”. La portavoz de la Federación de Sanidad de CC OO, Carme Navarro, también ha mostrado una “preocupación inmensa” por lo que considera “otro frente para privatizar la sanidad”. “Esto es un continuo despropósito. La Administración debería utilizar sus propias empresas para darles esta actividad. Es un absurdo que saque a concurso actividad que puede controlar desde sus empresas públicas”, apostilla.

Por su parte, el presidente de la Asociación Catalana de entidades de base asociativa (Aceba), Juan María Aranalde, ha recordado que las EBA nacieron precisamente para gestionar la atención primaria, por lo que “es vital” la renovación de los contratos. “Es fundamental preservar el modelo porque la gestión profesional es una de las vías para hacer sostenible el sistema sanitario”, ha apuntado. Aranalde reconoce que su gestión es “empresarial” pero recuerda que siempre “revierte en el servicio público”. “Si estos contratos se adjudicasen a otras empresas, impondrán un modelo diferente”, advierte.

Fuente: elpais.com

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