Marea Blanca Aragon

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lunes, 16 de febrero de 2015

CC.OO e IU recurren la licitación del hospital de Alcañiz en el Tribunal de contratos públicos

Piden la retirada de todos los pliegos publicados en enero y la anulación de la concesión de obra

 

Izquierda Unida (IU) de Aragón y el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO) presentaron ayer un recurso ante el Tribunal administrativo de contratos públicos de Aragón contra la licitación del proyecto del nuevo hospital de Alcañiz mediante un sistema de concesión de obra pública. Con la
presentación de este recurso, ambas organizaciones solicitan la retirada y anulación de la licitación del proyecto, la construcción de la infraestructura sanitaria, así como su financiación mediante el sistema de concesión de obra, tal y como salió publicado en el perfil de contratante del Gobierno de Aragón el pasado 28 de enero de 2015.

Este es un recurso especial en materia de contratación que ambas formaciones presentan por sentirse legitimadas, puesto que, según afirmaron ayer, "si se llevase a cabo el contrato de concesión de obra pública, se verían afectados en sus derechos 31 trabajadores que a día de hoy prestan sus servicios como personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud (Salud), sin perjuicio de otras cuestiones de orden técnico que se argumentan en el cuerpo del recurso". Además, exigen la construcción de un nuevo hospital público para Alcañiz para "evitar la hipoteca que supondría a largo plazo para los aragoneses la fórmula elegida por el Gobierno de Aragón, mucho más costosa en términos económicos". Con estos argumentos instan a la anulación del anuncio de licitación y de los pliegos publicados.

El Consejo de Gobierno de Aragón aprobó el pasado 27 de enero el contrato de concesión de obra pública del nuevo hospital de Alcañiz y del gasto plurianual de 451.174.551 euros que se empezará a pagar en 2018 y hasta el 2037 por la construcción del hospital y de la gestión de servicios no asistenciales.

El secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO Aragón, Juan A. Urdániz, explicó que este recurso "tiene por objeto que no se ejecute el proyecto tal y como está contemplado, esto es, mediante la fórmula de concesión de obra pública, porque consideramos que es lesivo para los ciudadanos".

El documento que acompaña el recurso, de 15 páginas, "no es una protesta política", precisó Urdániz, sino que es un cúmulo de argumentos técnicos que desglosan por qué el modelo de concesión de obra no cumple con los criterios de adjudicación de una obra pública y por qué se lesionan los derechos de los trabajadores del Servicio Aragonés de Salud. "Pedimos la anulación de la licitación por varias motivaciones: porque la fórmula de concesión de obra pública no se adecúa al fin para el que está planteada. El contrato no sólo incluye la construcción de la obra, sino que se establece como parte del pago la gestión de servicios, lo cual no está contemplado en ninguna obra pública", señaló Urdániz. Además, para los trabajadores "este modelo les supone un problema, porque el personal estatutario del Salud afectado pasará a la empresa privada, y algunos de los empleados no tendrán posibilidad alguna de recolocación" en otras áreas del mismo hospital como es el caso de los cocineros, señaló el representante sindical.
Y aparte de estas cuestiones técnicas, en el recurso se hace hincapié en los costes "desorbitados" que tendrá la obra cuando acabe de pagarse, "mucho mayores", dijo, "que si el edificio lo construyera la administración y lo siguiera gestionando durante 20 años", afirmó Urdániz. En este sentido, añadió, "el argumento del Gobierno de que no tiene tesorería se cae por su propio peso, porque, a posteriori, el hospital sale mucho más caro". 

IU también recurre

Por su parte, desde IU subrayaron que el recurso presentado ayer hace hincapié en que la "privatización" de los servicios no asistenciales representará una hipoteca para las arcas públicas. Recordaron que el gasto plurianual del contrato de concesión de obra son 451 millones de euros, cuando el presupuesto base de licitación de la obra no llega a 90. La portavoz de IU en las Cortes de Aragón, Patricia Luquín, afirmó que, según el pliego de condiciones, "si el beneficio no se consigue por parte de la empresa, porque gestionar un hospital no es sencillo, rescinden el contrato, aumentan el canon anual a pagar a la empresa y se lo adjudican de nuevo a los mismos".

Desde esta formación también hicieron hincapié en que el Ejecutivo que preside Luisa Fernanda Rudi ha hecho público el pliego "a escasos meses del final de la legislatura", de forma que "han pretendido sentar las bases de esta privatización que, disfrazada bajo el nombre de colaboración público-privada, abre la puerta a la liquidación del Servicio Aragonés de Salud como ente público", denunció la portavoz de este grupo parlamentario en las Cortes

Fuente: diariodeteruel.es

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