Marea Blanca Aragon

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lunes, 16 de febrero de 2015

El proyecto del PP-PAR para privatizar el nuevo Hospital de Alcanyiz costará 451 millones de dinero público


La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha hecho público un Informe sobre el Proyecto de Financiación Privada del Hospital de Alcanyiz en el que denuncia que el proyecto presentado por el gobierno de Rudi para la construcción y explotación de los servicios no clínicos del nuevo hospital cede a las empresas privadas o a los fondos de inversión (según consta en
los pliegos, la UTE concesionaria puede presentar una garantía mediante participaciones de fondos de inversión, aunque su sede esté en un paraíso fiscal) el terreno público para construir un hospital que la UTE alquilará a Aragón durante 20 años. Es decir, las empresas privadas se quedan con la gestión de todos los servicios del hospital excepto los clínicos.


Según el Informe el hospital dispondrá de 50.000 metros cuadrados, 194 camas de hospitalización y capacidad para 75.000 personas usuarias y costará 85 millones de euros pero “con el canon anual, el coste total asciende a 451 millones, cinco veces superior, aunque es bien conocido por experiencias previas (hospitales PFI de Madrid y Burgos) que el mismo puede incrementarse notablemente”.
Según la FADSP el gobierno no asegura la solvencia de la UTE, ya que “en los criterios de adjudicación el grado de compromiso de las entidades financiadoras se valora únicamente con 25 puntos sobre 1000 puntos totales y la penalización por su grado de apalancamiento (endeudamiento) es muy baja”. “Tampoco se hizo público el informe y la aprobación del Ministerio de Hacienda de que el proyecto privado sea más eficiente que un proyecto alternativo de gestión pública”, sostienen.
La FADSP también recuerda que desde 2012 a 2015 el Gobierno de Aragón ha recortado el gasto sanitario en 900 millones de euros, suficiente para financiar diez hospitales como el de Alcanyiz.
En el Informe afirman que “los incumplimientos de la empresa, cuyas consecuencias pueden ser graves (limpieza de UCI, transporte de muestras biológicas, seguridad, etc.) se deducen del canon mediante una fórmula matemática, pero en ningún momento se plantea la posibilidad de revertir la concesión ante infracciones muy graves o ante incumplimientos por bajas temerarias sobre la rebaja ya autorizada por el Gobierno de Aragón, de 110 millones de euros”.

Según consta en los pliegos “se permiten bajas sobre el precio actual de hasta un 30%, (otros 135 millones menos) lo que con toda seguridad supondrá una enorme merma en la calidad y/o un rescate de la empresa adjudicataria con dinero público, más pronto que tarde, como ya ha ocurrido con los otros hospitales PFI (Hospital de Alzira, nuevos hospitales de Madrid, hospital de Vigo, Hospital de Burgos)”, denuncian.

El Informe también indica que los servicios que serán privatizados son: mantenimiento, conservación de viales y jardines, suministros y gestión energética, aparcamiento (se afirma que el aparcamiento será gratuito para usuarios y trabajadores), mantenimiento de electromedicina, transporte interno-externo, logística de mobiliario y equipamiento, correo y paquetes de mensajería y muestras biológicas, seguridad, restauración y elaboración de dietas, limpieza y desratización (la empresa solo está obligada a contratar al personal fijo, por lo que se perderán los puestos de trabajo temporales), y residuos urbanos y sanitarios.

La DGA, además de la gestión de servicios no sanitarios, cede a empresas o fondos de inversión todos los negocios posibles dentro del ámbito hospitalario: Servicios multimedia (TV, telefonía, Internet…) de las y los pacientes, con dispositivos situados a la cabecera de la cama, financiados por las usuarias mediante la compra de tarjetas en un quiosco del que dispondrá la empresa en el hospital. La UTE podrá instalar una centralita propia de telefonía, que “es posible que pueda utilizarse para la cita previa y colocará en todas las plantas máquinas de vending (zumos, dulces o chocolates)”.
Además el gobierno “permitirá la implantación de otros comercios en el terreno público que explotará la empresa concesionaria, como tiendas de regalos, quioscos de prensa, floristería, oficina bancaria, y si la UTE lo considera oportuno, podrá construir un centro de día para personas mayores válidas”. “Por si esto fuera poco -añaden-, la empresa privada dispondrá de paneles para colocar la publicidad de su nombre, sus tiendas o sus productos”.

Esta federación propone que el nuevo Hospital de Alcanyiz “debe construirse con dinero público (ya se ha recortado por un valor 10 veces superior al coste del hospital solo en los últimos tres años) porque es más barato, porque es más eficiente, porque el coste por cama sería inferior, por la mayor seguridad y eficiencia de la gestión pública y por el absoluto fracaso de esta forma de gestión en el Reino Unido (donde se ha iniciado) y en las otras CCAA”.
Por último la FADSP asegura que el Gobierno de Aragón y el Ministerio español de Hacienda “deberán responder ante la población si el proyecto resulta un fracaso y debe ser rescatado”.

IU presenta un recurso contra la privatización del nuevo hospital de Alcanyiz

Por su parte, Izquierda Unida ha registrado hoy un recurso contra la privatización del nuevo hospital de Alcanyiz. Con este recurso, Izquierda Unida exige al Gobierno de Aragón que retire el anuncio de la concesión de obra pública, del nuevo hospital, para la adecuación del proyecto de ejecución, la construcción de la infraestructura sanitaria, financiación, prestación de servicios, publicado en el perfil de contratante del Gobierno de Aragón el pasado 28 de enero de 2015, y los pliegos.

Este recurso ha sido presentado ante el tribunal administrativo de contratos públicos de Aragón, en la dirección de Gerencia del Salud, sumándose así a las actuaciones realizadas por CCOO Aragón.
IU recuerda que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 27 de enero el contrato de concesión de obra pública del nuevo hospital de Alcanyiz y del gasto plurianual de 451 millones de euros que se empezará a pagar en 2018 y hasta el 2037, que para Luquin confirma la apuesta del Gobierno por la privatización de la sanidad pública aragonesa. “Rudi y su Gobierno, a escasos meses del final de la legislatura, han pretendido sentar las bases de esta privatización que, disfrazada bajo el nombre de colaboración público-privada, abre la puerta a la liquidación del servicio aragonés de salud como ente público”, denuncia la portavoz del grupo parlamentario en las Cortes de Aragón, Patricia Luquin.
El recurso presentado hoy por Izquierda Unida hace hincapié en la hipoteca para las arcas públicas que supone el coste de la privatización y en la importante contestación social contra esta fórmula. En cuanto al gasto plurianual que costará a las arcas públicas más de 451 millones de euros y que se empezará a pagar en 2018, Izquierda Unida denuncia que el Gobierno de Aragón no tiene ningún problema en hipotecar hasta 2037 la salud de la ciudadanía del Baixo Aragón. “Además, si el beneficio no se consigue, porque gestionar un hospital no es sencillo como ya ha sucedido en el hospital valenciano de Alzira, rescinden el contrato, aumentan el canon anual a pagar a la empresa y se lo adjudican de nuevo a la misma empresa”, señala Luquin coincidiendo con el informe de FADSP.
En relación a la gran contestación social contra esta “privatización encubierta”, el Coordinador General de IU Aragón, Adolfo Barrena, denuncia que la presidenta de la DGA, Luisa Fernanda Rudi, “no escucha las demandas de los vecinos y vecinas del Baixo Aragón, de los profesionales sanitarios y colectivos que reclaman un nuevo hospital, pero desde el principio le han exigido que tanto su titularidad, su construcción, como su gestión sea directa y pública”. “Una reivindicación que ha sido reconocida y apoyada en múltiples iniciativas aprobadas por unanimidad de todos los grupos parlamentarios en las Cortes de Aragón”, recuerda Barrena.

Por todo ello, IU ha presentado hoy este recurso con el que exige al Gobierno de Aragón “que desista y que licite esta infraestructura básica con recursos propios para garantizar su titularidad pública y la gestión directa del mismo, utilizando el modelo de contratación tradicional, en igualdad de condiciones que el nuevo hospital de Teruel para no ocasionar ningún agravio comparativo en el modelo sanitario aragonés”.

Fuente:arainfo.org

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