Marea Blanca Aragon

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sábado, 14 de febrero de 2015

Las personas con dependencia ya aportan más al sistema que el Gobierno 

 Los usuarios pagaron en 2014 el 19%, frente al 18% del Ejecutivo; las autonomías aportaron el 63% restante. 
La financiación estatal ha disminuido un 23% desde 2011, de 1.567 millones a 1.206 millones de euros.
Por cada 1.000 millones invertidos al año en dependencia se recuperarían 440 de forma directa y se crearían 30.000 empleos, según la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales

CCOO convoca concentraciones el próximo 15 de mayo en las ocho provincias andaluzas en defensa del empleo en Dependencia


Las personas con dependencia y sus familias ya pagan más que el Gobierno por las ayudas y prestaciones que reciben. Es una de las conclusiones más llamativas del XIV Dictamen de la Dependencia, que ha presentado este mediodía la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. Según el informe, que analiza los datos oficiales ofrecidos por el
Imserso, el copago ya supone un 19% del coste total del sistema, frente al 18% que aporta el Estado y el 63% restante de las autonomías.

El sistema de financiación de la Ley de Dependencia estableció desde un principio que el usuario también aportaría una parte al sistema. Pero en teoría, autonomías y Gobierno aport
arían lo mismo. La cuantía que aportan las familias, el copago, fue incrementado en el Real Decreto que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en julio de 2012, a los pocos meses de empezar a gobernar. Esto supuso que se empezara a copagar con rentas de poco más de 500 euros o que contabilizara la primera vivienda.

La "perversidad" del copago

Las Plataformas de la Dependencia recalcan como "el aumento del copago para el dependiente que recibe un servicio por su situación de dependencia significa, en muchos casos, tener que renunciar a dicho servicio por los que les supone económicamente ese copago".
El portavoz de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia, José Luis Gómez, denuncia "la situación perversa" que produce el copago. Según asegura, "la retórica con la que los Gobiernos del Partido Popular denominan este copago significa simplemente traspasar la carga económica del cuidado de este colectivo de la administración a la familia". La Plataforma considera que no solo dejan de aportar una cantidad económica como establece la ley sino que pasa a recibir esa cantidad del propio dependiente. "Es impresentable", se muestra tajante José Luis Gómez, padre de dos niños grandes dependientes.
Por su parte, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha lanzado una campaña de recogida de firmas para presentar una Iniciativa Legislativa Popular que reforme la ley. Pretenden "establecer unos criterios justos de copago que no expulsen a las personas en situación de dependencia de la protección social".

La justificación estatal

Desde 2011, la financiación estatal ha disminuido en un 23%, de 1.567 millones a 1.206 millones de euros. Por su parte, las Comunidades Autónomas sí aportaron al menos lo mismo que el Estado, recalca la Asociación. La realidad es que si solo tenemos en cuenta lo que aportan Gobierno central y autonomías a la dependencia, las comunidades ponen el 80% de la financiación pública. El informe reconoce, no obstante, diferencias notables entre autonomías.

La Asociación de Directoras y Gerentes defiende la validez de sus cálculos, aunque el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad niegue las cifras. Según se explica en el Dictamen, "los responsables ministeriales se empeñan en añadir a la financiación finalista regulada en la LAPAD otra financiación supuestamente destinada a esta política. Algo que es falaz a todas luces, pero que supondría la ficción contable de que la AGE aporta el 50% de los costes del sistema". Explicado de otra manera, según la Asociación de Directores y Gerentes, el Estado computa como financiación de la Ley de Dependencia parte de los fondos adicionales que se transfieren mediante la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

 En el último año, el sistema de atención a la dependencia ha perdido 34.800 personas, en tanto que 198.041 siguen a la espera de empezar a beneficiarse del derecho que se les ha reconocido por ley. Es la consecuencia de los recortes, en forma de financiación y de cambios legislativos, que acumula la primera norma estatal que reconoce un derecho social como subjetivo.

Fuuente:  eldiario.es

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