Marea Blanca Aragon

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lunes, 9 de febrero de 2015

Sanidad Pública y medicina privada

Un problema importante, y antiguo, de nuestro sistema sanitario es la complicada y muy generalizada presencia de intereses del sector privado en el sistema público.


Cuando se puso en marcha el actual Sistema Nacional de Salud, a partir de 1986, existía una situación muy enrevesada en la que un número muy importante de los profesionales sanitarios tenían varios puestos de trabajo en el sistema público (que estaba fragmentado) además de en el sector privado. La normalización de los horarios en la Sanidad Pública, la jerarquización de los especialistas y el
desarrollo del nuevo modelo de Atención Primaria, así como la aplicación de la ley de incompatibilidades y la exigencia del cumplimiento horario clarifico esta situación. El paso siguiente fue la aparición de la dedicación exclusiva en la Sanidad Pública en 1987 que incentivaba a aquellos profesionales que solo trabajaban en el sector público y que aunque inicialmente fue voluntario (el 70% de los profesionales se acogió a esta fórmula), se suponía se iría extendiendo progresivamente a todos los profesionales mediante su exigencia en todas las nuevas contrataciones.

Posteriormente la mayoría de las CCAA eliminaron esta exclusividad y alguna la dejo solo para cargos con responsabilidades organizativas (jefaturas de servicios, etc).

Es obvio que la separación nítida entre el trabajo en el sector público y el privado es importante para evitar la competencia desleal (de hecho las grandes empresas suelen exigirla a sus trabajadores con un cierto nivel de cualificación).

Además lo mas frecuente es que los profesionales que trabajan exclusivamente en el sector público tengan una dedicación mayor que los que están pluriempleados y trabajan simultáneamente en el sector público y privado, y es evidente que la dedicación exclusiva permite una mayor disposición de tiempo para su actualización profesional y, sobre todo, permite evitar el potencial conflicto de intereses de quienes simultanean el trabajo en el sector público y el privado, conflicto de intereses que favorece el que se detraigan recursos del sistema público  en beneficio de la privada, potenciando los comportamientos oportunistas como el absentismo, el incumplimiento horario,  el desvío de pacientes al sector privado,  la demanda inducida, la selección de pacientes y la apropiación y/o el uso indebido de los recursos públicos para fines privados. Aunque tampoco puede olvidarse que hay muchas circunstancias individuales y que hay personas que comparten con total honestidad la práctica pública y la privada. La exclusividad de los médicos del sistema público resulta así beneficiosa para el buen funcionamiento de la Sanidad Pública y debe ser defendida y potenciada, muy especialmente en quienes tienen responsabilidades de organización y gestión en los centros públicos.

La no existencia de la dedicación exclusiva supone un beneficio colateral para el sector privado porque le permite contar con profesionales  mas cualificados y motivados y que difícilmente trabajarían solo en centros privados (donde la investigación y la docencia son generalmente inexistentes o están muy poco desarrolladas), y con muy bajas retribuciones (puesto que se trata de un complemento de los salarios del sector público), y tiene además un efecto negativo sobre el empleo favoreciendo el paro profesional.

Con ser este el caso mas visible y mas frecuente, la penetración de los intereses privados en el sistema público es muy importante y esta presente en muchos aspectos que son estratégicos para el buen funcionamiento de la Sanidad Pública, los mas notables la formación continuada de los profesionales sanitarios, financiada mayoritariamente por las empresas farmacéuticas y/o de tecnología, que potencian la utilización inapropiada de los recursos, y la investigación  que cada vez pivota mas sobre los intereses y el control de las multinacionales, lo que supone que se oriente hacia las estrategias empresariales y no sobre los problemas de salud de la población, y que acabe generando patentes de avances que, pese a haberse generado en gran parte con recursos públicos, solo favorecen al sector privado. Mas recientemente se esta generalizando la utilización de los centros públicos para las prácticas de estudiantes de las universidades privadas, en mas de un caso postergando a los que provienen de los centros públicos.

¿Cual es el grado de privatización de nuestro sistema sanitario?. No resulta fácil de saber porque la ausencia de transparencia es la norma y los datos internacionales comparativos nos sitúan en 2011. En este año el gasto privado español se situaba  en el 27% (un 1,7% mas que en 2009 y un 4,7% más que en 1995, año en que fue menor el % de gasto privado). Por otro lado el gasto de bolsillo, lo que pagamos directamente en servicios sanitarios alcanzo el 20,7% en 2011 (el 18,9% en 2009), es decir la privatización de la financiación se ha incrementado en nuestro país de manera importante, probablemente como efecto de los copagos y los recortes en gasto público. Por otro lado esta privatización tiene una presencia muy distinta según las CCAA, en el Informe sobre privatización sanitaria en las CCAA la puntuación iba desde 23 para Madrid (la más privatizada) hasta 9 en Extremadura, la que menos, con datos de 2012 y 2013. Existe mucha evidencia de que la mayor presencia del sector privado supone sobrecostes y desigualdades en el acceso a la atención sanitaria.
El objetivo central debe ser separar nítidamente la Sanidad Pública del sector privado, lograr que los profesionales que trabajan en uno y otro sector sean distintos y eliminar la interpenetración de intereses privados en la práctica profesional en el sistema sanitario público. ¿Cómo abordar el problema?. Primero decir que no es fácil porque la penetración de los intereses privados en el sistema sanitario público es difusa y prácticamente ubicua, luego señalar que existe una coyuntura favorable en el sentido de que se ha generado un importante paro profesional y la delimitación entre el sector público y el privado puede ser una  fuente significativa de creación de empleo. En este orden de cosas habría que conseguir:
  1. Recuperar la dedicación exclusiva de los profesionales del sistema sanitario como un concepto central en la política de personal, incentivándola adecuadamente
  2. Habría que establecer un sistema transitorio en el que todas las nuevas contrataciones llevarían aparejada la dedicación exclusiva y las personas con plaza en propiedad podrían optar a acceder a la misma o quedarse en la situación actual.
  3. Las plazas con capacidad organizativa y/o de gestión deben de tener dedicación exclusiva sin excepción.
  4. Debe de exigirse el cumplimiento de la ley de incompatibilidades en cuanto al personal que trabaja en los centros sanitarios que reciben financiación pública (conciertos, etc)
  5. Hay que garantizar mecanismos de formación continuada desde el sistema sanitario público independientes de la industria farmacéutica y tecnológica
  6. Debe regularse estrictamente la información que se facilita en los centros sanitarios públicos por parte de la industria, en todo caso siempre garantizar que se hace fuera del horario de trabajo.
  7. Debe establecerse la obligación de declarar todas las ayudas económicas, cualquiera que sea su forma concreta, que pudieran recibirse de la industria o de entidades privadas, incluyendo fundaciones y oenegés.
  8.  Hay que reservar los centros públicos para las prácticas y la formación de los estudiantes de las universidades públicas.
  9. Hay que crear un fondo público de investigación biomédica que reciba como mínimo el 1% del presupuesto sanitario y que sea gestionada por una agencia pública de investigación.
Tenemos que avanzar en este sentido y hacerlo de manera decidida, porque hay que ser conscientes que lo que se llama “colaboración público – privada” no es más que un eufemismo para favorecer los negocios privados con fondos públicos, y ahí solo ganan unos pocos y perdemos la mayoría de la población y de los profesionales.

Por Marciano Sánchez Bayle | portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública


Fuente: nuevatribuna.es

 

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