Marea Blanca Aragon

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sábado, 14 de febrero de 2015

Urge recuperar la sanidad pública

 

“La salud tiene un coste pero no tiene precio”. Esta frase pronunciada hace años por Ernest Lluch, cobra absoluta actualidad ante el contrastado deterioro de la sanidad pública a la que nos ha conducido el gobierno central y los autonómicos del partido popular, empeñados en una
política de recortes, pagos, repagos y privatizaciones varias. Ahí tenemos la medicación definitiva negada a los enfermos de Hepatitis C por motivos economicistas, los copagos a discapacitados, dependientes y pensionistas o la exclusión de más de 800.000 personas del sistema al derogar la universalización de la asistencia que consagró la Ley General de Sanidad de 1986. Y esta es una cuestión esencial para definir las posiciones y/o propuestas de cada formación política en su cobertura ideológica. “Nosotros aspiramos –dijo Ximo Puig hace unos días en la jornada sobre el programa sanitario de gobierno-  a que todos los ciudadanos, al margen de su renta y condición, sean iguales ante la enfermedad.”

La crisis económica que ha devenido en crisis política y social, ha acabado con algunos derechos que parecían irreversibles. Pensábamos que el Estado del Bienestar no tenía marcha atrás, creíamos que solo podíamos avanzar, no retroceder y se ha demostrado que no es así, que nada está garantizado para siempre. De hecho, la sanidad de la Comunitat Valenciana es un buen ejemplo de esta crisis porque, sin miramientos, se han erosionado los derechos sanitarios de los valencianos y la labor de los profesionales. Nuestra realidad es que somos la autonomía que menos dedica a sanidad por habitante y año, unos 200 euros menos que la media nacional. El recorte sanitario ha sido de 1.300 millones de euros en tres años, la partida que más se ha recortado del presupuesto de la Generalitat y se ha reducido la plantilla en 10.000 profesionales. Además, tenemos la ratio más baja de camas hospitalarias por habitante, y unas listas de espera descontroladas y ocultadas. Estamos en el furgón de cola.

Este modelo kamikaze de sanidad que han venido desarrollando durante 20 años nos ha llevado a la ruina y ahora toca construir una alternativa, porque ya ha pasado el tiempo de los gritos, es el momento de las propuestas, de ofrecer soluciones realistas a problemas reales. Así, el punto de partida del proyecto socialista en materia sanitaria tendrá tres líneas fundamentales: la recuperación de derechos, la recuperación del sistema sanitario público y la transparencia y participación.

Primero, la recuperación de derechos. El argumento de base económica de que no se puede mantener un sistema público de salud universal y gratuito, tal y como lo define la Ley General de Sanidad, no se sostiene, porque si en el año 1986 –año de su aprobación- teníamos 6.307 euros de renta per cápita, en 2013, alcanzamos los 22.300 euros. Solo una mala elección de las prioridades sociales o una mala gestión de los dineros públicos podrían permitir mantener la hipótesis de la insostenibilidad del sistema. Ahora es urgente volver a la época pre-ajustes, porque hay colectivos que no aguantan más: pensionistas que mantienen con su pensión a su familia y además, tienen que pagar medicamentos, o discapacitados que están en la misma situación y al final, unos y otros tienen que decidir entre comer o comprar medicamentos, o inmigrantes sin empleo a los que les quitaron la tarjeta sanitaria. Por ello, la prioridad es devolver la decencia a la sociedad y con ella a la atención sanitaria. La propuesta es clara: recuperar la gratuidad a pensionistas, discapacitados y dependientes por sus medicamentos o prótesis.

Segundo, recuperar o mejor, rescatar el sistema sanitario público. Dijeron que  para garantizar el futuro del Estado del Bienestar la salida era la privatización de los servicios sanitarios sobre los que, teóricamente, mejorarían la gestión y ahorrarían costes y hoy, aplicando sus recetas, hasta cinco departamentos sanitarios están gestionados por empresas concesionarias.

Se promulgó que la privatización era más barata y prestaba más y mejor  atención a los pacientes, pero la realidad es que entre 2009 y 2013 la Generalitat ha perdonado 40 millones de euros a la empresa que gestiona el departamento privatizado de Manises, dinero que no le ha facturado por pacientes de la concesionaria atendidos en hospitales de la red pública. La fórmula es genial: cobro por la atención integral pero no pago por lo que derivo. También es conocido que la Sindicatura de Comptes ha denunciado que si la gestión de las resonancias fuera pública nos ahorraríamos 17 millones de euros al año. Así, resulta crucial rescatar la gestión pública del servicio sanitario para garantizar la igualdad de los ciudadanos ante la enfermedad y reflotar el Estado del Bienestar con base en una gestión eficaz y eficiente desde lo público.

El tercer punto de partida será la transparencia y la participación porque cuando una administración no da información es porque tiene algo que ocultar, lo hemos visto con las cuentas de los departamentos privatizados, con la manipulación de las cuentas públicas (nunca invierten lo que presupuestan y acumulan déficit e impagos) y con las listas de espera. El nuevo modelo tiene que estar basado en la transparencia y en la fiabilidad de las estadísticas y, para ello, es necesario un buen servicio de información público. Transparencia radical y participación porque la gestión sanitaria no se puede hacer de espaldas a los pacientes y a los profesionales.

Una propuesta seria y sensata que pivotando sobre estos tres ejes básicos, pretende recuperar para los ciudadanos un sistema sanitario público que ha sido referente en Europa y en el mundo.

Fuente:  eleconomico.es

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