Marea Blanca Aragon

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miércoles, 4 de marzo de 2015


El caos de las urgencias en Canarias; la Consejería de Sanidad de Madrid borra de los sistemas informáticos a los recién nacidos (hijos de inmigrantes) considerados “irregulares” en un plazo de 90 días (en lugar de un año, como ocurría hasta hoy); el concurso de privatización del hospital de Alcañiz (capital del Bajo Aragón); los procesos de privatización en el campo de la salud mental; el
aumento del gasto público farmacéutico en recetas de la seguridad social, del 1,95% en 2014 a pesar de los “copagos” (lo que el Ministerio de Sanidad califica de “estabilidad” y “ahorro”); la inversión de sólo un 7,1% del presupuesto sanitario público para el funcionamiento de hospitales y centros de salud públicos en Galicia; la campaña publicitaria de 1,4 millones de euros impulsada por la Comunidad de Madrid (“la mejor sanidad”)… El cerco a la sanidad pública no admite tregua.
El portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y presidente de la asociación en Madrid, Marciano Sánchez Bayle, se ha significado, sin dudas ni matices, en la lucha contra los recortes y la mercantilización del sistema sanitario. Se ha posicionado en primera línea, también, en el frente de la “marea blanca” (conjunto de movilizaciones y colectivos contra la privatización de la sanidad). Sánchez Bayle considera que los procesos privatizadores son reversibles, aunque a medida que avancen se hace más difícil volver atrás. “Lo fundamental es la voluntad política”, subraya. Cumplió este verano 65 años, y la Comunidad de Madrid le forzó a jubilarse a pesar de que el doctor (pediatra desde 1977 en el Hospital Niño Jesús de Madrid) pidió la prórroga en servicio activo. “Fue claramente una represalia”, afirma. El médico y activista ha participado esta semana en un acto organizado por el Fòrum de Debats de la Universitat de València.

-El informe de la Agencia Bloomberg de 2013 destacaba al sistema sanitario público español como quinto del mundo y primero de Europa en eficiencia. ¿Ha cambiado esta realidad con los recortes presupuestarios (de 70.464 millones de euros en 2009 a menos de 60.000 millones en 2014), las privatizaciones y el despido de 53.000 profesionales?

Todo esto ha cambiado. El informe de Bloomberg de 2014 sitúa a España en la quinta posición en Europa, y decimocuarta en el mundo. Ha habido un empeoramiento claro del funcionamiento del sistema sanitario público, fundamentalmente por los recortes y las privatizaciones, que también han encarecido el coste de los servicios. Además, se han introducido numerosas “barreras” de acceso. Uno de los casos extremos es el de los inmigrantes no “regularizados”, a quienes se ha dejado fuera del sistema sanitario público. Hay otro caso no muy conocido. El de las personas de nacionalidad española que pasan más de 90 días en el extranjero, sobre todo aquéllos que salen a buscar trabajo y que también se quedan sin cobertura sanitaria. Otras “barreras” de acceso, económicas, son los “copagos”; pero también las hay de “accesibilidad” (listas de espera que aumentan cada vez más). Si tienes necesidad de una prestación sanitaria, y te la ofrecen entre siete y diez meses después, en la práctica te están negando el derecho a una atención de calidad.

-¿En qué áreas puede advertirse con mayor fuerza la presencia del capital privado en la sanidad? ¿Cuáles son los fundamentales “nichos” de negocio?

Realmente la presencia se da en casi todos los sectores. Un área muy importante son los productos farmacéuticos. Según un estudio publicado por British Medical Journal, por cada dólar que se invierte en investigación, 19 se destinan a la promoción y mercadotecnia del producto. Los precios de los productos farmacéuticos están muy por encima de lo que se invierte en investigación y de los costes de producción. Y esto hace que la industria farmacéutica tenga un poder cada vez más grande en el sector sanitario, además de una capacidad de penetración tremenda. Continuamente se hacen muchas trampas. Por ejemplo, a la hora de renovar las patentes se hacen pequeñas modificaciones en el producto, que vuelve a patentarse como si fuera nuevo. Algunas investigaciones apuntan que de cada cien medicamentos que aparecen en el mercado, no pasan de veinte los que ofrecen alguna aportación beneficiosa respecto a lo que ya existía.

-¿Por ejemplo?


El sofosbuvir, un antiviral de última generación contra la hepatitis C. Es un medicamento que tiene un coste muy bajo. La empresa que lo comercializa, Gilead, ni siquiera invirtió en investigación, ya que compró el producto cuando ya estaba patentado. Parece ser, además, que se trata de una pequeña variación de un medicamento que ya se utilizaba antes, por eso países como India no reconocen la patente. Y Médicos del Mundo ha presentado una impugnación en la Oficina Europea de Patentes. Además de los laboratorios farmacéuticos, otro sector con gran capacidad para producir beneficios es la oncología. También los derivados de la sangre, que proceden directamente de las personas (no hay que sintetizar). O los negocios que se realizan con la alta tecnología y la utilización de aparatos de supuesta última generación, que casi siempre se solapan con la previamente existente. A veces estas tecnologías implican un riesgo para las personas. Por ejemplo, el TAC (Tomografía Axial Computarizada). Numerosas publicaciones señalan en los últimos años la relación entre el TAC y la aparición de linfomas o cáncer de sangre. El campo de la informática es asimismo importante para el sector privado. Una empresa que cuente con información sobre el estado de salud de las personas, historiales, enfermedades que han padecido, puede utilizar los datos para ofertar un seguro o determinados productos.

-¿Qué tipo de empresas han aterrizado con más fuerza en el negocio sanitario?


Últimamente grandes fondos de capital riesgo. Invierten porque las empresas relacionadas con la sanidad tienen una rentabilidad muy elevada, que no se ha visto alterada por la crisis. Por ejemplo Gilead, está en manos de un fondo de capital riesgo donde encontramos a personas como Donald Rumsfeld. Muchos de los hospitales, privados o semi-privados, de los que en España se hicieron cargo inicialmente constructoras (FCC o Acciona, entre otras), han sido revendidas después a estos fondos de inversión. Bankia también entró en estos centros hospitalarios y posteriormente vendió su participación a multinacionales.

-Señalas las consecuencias de la austeridad, los recortes y los procesos de “externalización”, con la erosión manifiesta que ello implica sobre el sistema sanitario público. ¿Es posible revertir estas tendencias neoliberales?


Lo único que no se puede revertir es la muerte. El sistema sanitario era distinto en la época del franquismo, y luego cambió sustancialmente. El problema es que cuanto más se haya avanzado en la privatización, más difícil y costosa será la reversión. Lo fundamental es que haya voluntad política. Pero estos modelos de “externalización” tienen unos sobrecostes muy importantes. Al final, que sea el sistema público el responsable de la provisión sanitaria resulta más barato.

-¿Hay ejemplos de reversión del modelo?


Tenemos ejemplos en muchos lugares. Por ejemplo en Escocia con los hospitales PFI (Iniciativa de Financiación Privada), un modelo que se puso en marcha en el Reino Unido, pero se revirtió y pasó de nuevo al sistema público. Pero habría que analizar caso por caso. En algunos supuestos dar marcha atrás sería más costoso, y en otros menos. Cuando se realiza una privatización se establecen contratos, que muy frecuentemente no son respetados por la parte privada. Ha ocurrido por ejemplo en Madrid con la privatización de la extracción de sangre con la Cruz Roja. El contrato obligaba a Cruz Roja a realizar un número de extracciones y proveer al sistema público de una determinada cantidad de sangre, algo que ha incumplido notoriamente.

-¿Qué son las Unidades de Gestión Clínica? ¿En qué punto reside la polémica?


Las Unidades de Gestión Clínica pretenden, por ejemplo en un hospital, la separación por unidades independientes en función de servicios o actividades. Cada unidad cuenta con personalidad jurídica propia, capacidad para tomar decisiones y se gestiona por sí misma. Se plantea además que las Unidades de Gestión Clínica puedan contar con accionistas privados. Pero el problema de esta idea es que rompe con la integralidad y la coordinación entre los servicios del hospital, y además abre la puerta a la presencia del capital privado. ¿Cuál es el motivo de esta propuesta? Se ha visto que la privatización directa tiene muchos costes sociales y una fuerte respuesta social y profesional. Se pretende, entonces, dar este rodeo para hacer una privatización encubierta y lenta. Asimismo, permite seleccionar dentro de cada centro cuáles son las áreas que prestan servicios económicamente rentables y con beneficios, para poder privatizarlas.

-El 23 de enero la Plataforma Ibérica para la Defensa de la Sanidad Pública firmó un manifiesto contra las políticas sanitarias que actualmente afectan a España y Portugal. ¿Qué coincidencias pueden apreciarse en la periferia europea?


Los recortes afectan a toda Europa, no sólo a la periferia. Lo que ocurre es que en Europa existen dos modelos de sistema sanitario. El de Servicio Nacional de Salud, que comenzó en el Reino Unido y participan del mismo Irlanda, los países nórdicos, España, Italia (aunque con tendencia a un sistema mixto), Portugal y Grecia. Y un segundo modelo, el de “seguridad social”, que impulsó Bismarck en el siglo XIX, del que forman parte Alemania, Austria, Francia y Bélgica, entre otros países. Se trata de dos modelos muy distintos, pero los recortes se han hecho en ambos casos. Sin embargo las privatizaciones se han llevado a término principalmente en los Servicios Nacionales de Salud, pues los otros ya estaban de entrada muy privatizados. En el caso concreto de España y Portugal, son dos países con leyes nacionales de salud coetáneas y con un gran desarrollo de la atención primaria. Los dos países han sufrido tremendos recortes.

-En una entrevista hace dos años en la revista ZoomNew decías que en el estado español se regresa a una sanidad parecida a la del franquismo. ¿No sería más bien un retorno al paradigma estadounidense?


El modelo sanitario de Estados Unidos, aunque ahora es algo diferente con el “Obamacare”, se basa en que la gente tenga el seguro que pueda adquirir, y tanta cobertura sanitaria como le permita su capacidad económica. Ése modelo no existe en Europa. La idea franquista era diferente. Se daba una segmentación de la cobertura sanitaria, en tres niveles. La gente con buena situación económica tenía un seguro privado, que era mejor o peor según lo que se invirtiera en el mismo. Por otro lado, los trabajadores por cuenta ajena, que contábamos con una seguridad social de baja calidad; y el resto de la población, que se acogía a un modelo de beneficencia. El objetivo que se tiene es volver a este paradigma. No dejar sin cobertura a un sector significativo de la población, pero sí proporcionarle una atención de calidad bajísima.

-En 2013 coordinaste el libro “La contrarreforma sanitaria” (Catarata), en el que se explica que en la década de los 70 numerosos países occidentales experimentan procesos de privatización. ¿Qué diferencias se dieron respecto a la actualidad?


En los años 70 se inició el proceso. Comenzó con una actuación paradigmática de Margaret Thatcher: la famosa “contrarreforma” del Servicio Nacional de Salud inglés. Con el informe “Working for patients” (trabajando para los pacientes) como punto de partida, empezó el desmantelamiento del sistema público de salud en el Reino Unido. Ha habido también una “contrarreforma” a nivel mundial, pero la cosa depende de la correlación de fuerzas en cada país. En España el proceso cobró fuerza a partir de 1996, con el primer gobierno del PP. Aunque el estado español tiene connotaciones muy especiales, ya que las competencias sanitarias están transferidas a las comunidades autónomas y cada una ha tenido una deriva diferente. Donde más se ha avanzado en el proceso privatizador es en Valencia, Madrid y Baleares. También en Cataluña, aunque en este caso se partía de una situación muy diferente (durante el franquismo el sector privado tenía mucha fuerza en la provisión sanitaria).

-En el estado español se aprobó en 1986 la Ley General de Sanidad, que sentó las bases de un modelo de sanidad pública y universal inspirado en el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, creado en 1948. ¿Han participado el PP y el PSOE en su laminación en la misma medida?


El Partido Popular ha actuado de una manera mucho más brutal, el PSOE lo ha hecho de un modo más descafeinado. Además, según la comunidad autónoma de que se trate, cada uno de estos partidos ha funcionado de un modo diferente. En Cataluña el gobierno de Maragall (PSC) siguió la senda privatizadora, y la que fue consellera de Sanidad, Marina Geli, defendió el establecimiento de copagos. En cambio, en Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha los gobiernos del PSOE mantuvieron en lo fundamental el sistema público. El PSOE también hizo que las fundaciones sanitarias de titularidad pública y gestión privada, que se habían puesto en marcha en Galicia y Asturias, fueran recuperadas (durante sus acuerdos de gobierno con el BNG en Galicia e IU en Extremadura) para el sistema público. En cuanto al PP, mantiene por ejemplo una política mucho más agresiva en Valencia que en Castilla-León.

-“Los recortes matan”. ¿Es un tópico esta afirmación?


Ha habido casos en Cataluña en que el cierre de servicios sanitarios ha supuesto el fallecimiento de personas. Un joven senegalés afectado de tuberculosis, al que se negó atención sanitaria, murió en Baleares en mayo de 2013. Cuando lo cierto es que la tuberculosis es una enfermedad tratable y curable (no demasiado cara de tratar). Que los recortes matan no es un tópico. Denunciamos en Salamanca el caso de una persona que no se tomaba los medicamentos por la falta de recursos económicos y, si no murió, sí que sufrió un segundo infarto.

-Por último, a finales de 2012 emergió la “marea blanca” contra los recortes sanitarios. ¿Cuál ha sido el recorrido y en qué punto se halla actualmente?

El gobierno de la Comunidad de Madrid, que ya había impulsado un proceso de privatizaciones, escalonadamente y con cierta lentitud, de repente consideró que, como había tenido muy poca respuesta, estábamos derrotados y le resultaría muy fácil, podía lanzar un nuevo proceso privatizador. Lo llamaron “plan de sostenibilidad” (noviembre de 2012). Ciertamente lo hicieron con muy poca inteligencia, puesto que afectaban a numerosos sectores y profesionales. Planteaban privatizar la gestión de seis hospitales públicos, cerrar uno, convertir el Hospital Carlos III en un centro hospitalario de media y larga estancia de crónicos, “unificar” servicios, privatizar 26 centros de salud, “centralizar” laboratorios… Era un plan tan ambicioso que “tocaba” prácticamente todo el sistema sanitario. Y fue la “chispa” que provocó el enfrentamiento. Inicialmente se produjeron grandes movilizaciones, sociales y de profesionales, pero el gobierno de Madrid no hizo ningún caso, y aprobó la iniciativa. Las movilizaciones se mantuvieron, lógicamente con intensidad variable hasta la retirada del plan y la dimisión del consejero de Sanidad, Fernández-Lasquetty (enero de 2014). Luego las movilizaciones han seguido, aunque de forma más modesta. 

Fuente:rebelion.org

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