Marea Blanca Aragon

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viernes, 13 de marzo de 2015

Presentarán un recurso judicial contra la financiación público-privada del hospital de Alcañiz

Partidos políticos, sindicatos y plataformas ciudadanas se unen para paralizar la contratación de la obra

 

Partidos políticos (PSOE, CHA, IU, PCE y Podemos), el sindicato CCOO, Marea Blanca, la Plataforma contra la Privatización de la Sanidad en Aragón, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública y la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda interpondrán de forma conjunta un recurso contencioso administrativo contra la licitación del contrato de concesión de obra pública del
nuevo hospital de Alcañiz convocada por el Gobierno de Aragón (PP-PAR), actualmente en periodo de presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas. Las distintas organizaciones persiguen la paralización cautelar de este concurso para que la adjudicación no se formalice antes de las elecciones autonómicas del 24 de mayo.
"Apostamos por un nuevo hospital de Alcañiz firmemente, pero siendo tanto su construcción como su gestión totalmente pública", apuntaron todas las partes tras una reunión mantenida ayer en Zaragoza a través de un comunicado en el que indicaron que la presentación del contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) "es sólo un paso más en la campaña de movilización social que finalizará con la construcción pública" del centro sanitario, al tiempo que valoraron "muy positivamente" la manifestación del pasado sábado en la capital del Bajo Aragón.
Agotada la vía administrativa
De esta forma, la oposición a la fórmula de construcción público-privada del hospital inicia la vía judicial, la única posible después de que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) inadmitiera los recursos especiales interpuestos contra la licitación por parte de PSOE, IU, CCOO y Sara Gaibar -trabajadora del actual hospital que se vería afectada por la privatización del servicio de cocina en el nuevo centro sanitario-
El Tapca dictó dos meses de plazo para presentar el recurso contencioso-administrativo ante el TSJA. "Esperaremos a que termine el proceso de presentación de ofertas -expira el próximo lunes tras la prórroga de una semana concedida por el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia- para interponer el recurso", dijo Jorge Tabuenca, representante de la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos y los Derechos Sociales del Bajo Aragón presente en la reunión.
En el encuentro, todas las partes arriba indicadas se comprometieron a financiar a partes iguales -se espera aún la colaboración de UGT o CSI-F, que ayer no asistieron- los emolumentos del abogado contratado. El sindicalista calculó que a mediados de abril podría estar presentado el recurso.
"El abogado que hemos contratado, un administrativista de reconocida solvencia, ve posibilidades en paralizar la licitación", destacó el secretario general de la FSS-CCOO Aragón, Juan Urdániz, quien explicó que la decisión de presentar el recurso se toma "por coherencia" .
"Además de la crítica política, entendemos que hay cuestiones económicas lesivas tanto para el Gobierno de Aragón como para los ciudadanos", dijo Urdániz, quien entiende que la financiación público-privada resultará "muy cara" a la larga.
Por tanto, CCOO cree que, en base a estos "sobrecostes", "hay elementos objetivos que pueden permitir el paralizarlo".
Un modelo "muy gravoso"
El portavoz de Marea Blanca, Ángel Hidalgo, consideró "muy gravoso para las arcas" de la Comunidad Autónoma el modelo de financiación elegido por el Gobierno de Aragón. "Terminará perjudicando a la ciudadanía, como han demostrado los ejemplos de Burgos, Vigo o Alzira, donde los hospitales han acabado costando el doble o el triple de lo presupuestado".
Por otra parte, Hidalgo rechazó la privatización de servicios como el de cocina. "En Navarra ha sido famoso el caso de gente que ha sufrido patologías muy graves por intoxicaciones alimentarias derivadas de incumplimientos de la empresa adjudicataria", alertó.
"En contra de esto -continuó Hidalgo- la ciudadanía aragonesa se ha expresado con firmas y alegaciones a las que el Gobierno de Aragón ha hecho caso omiso". El último ejemplo de "respuesta social" se dio el sábado con la manifestación, con la cual "estamos contentos", prosiguió. En la movilización la Plataforma recordó, mediante un manifiesto, que "los modelos de gestión privada o público-privada han demostrado ser más caros, más ineficientes, empeoran la calidad asistencial y disminuyen los indicadores de salud de la población", dijo, "siendo estos modelos un claro ejemplo del fracaso económico y asistencial".
El próximo paso es "trabajar en terreno de litigio", indicó Hidalgo. "Estamos a expensas de las acciones que pueda realizar nuestro abogado. Consideramos que sería estupendo que se paralizara la licitación. No nos queda otro remedio, es la última vía que nos queda para parar esta locura de Oliván", manifestó el portavoz de Marea Blanca, para quien el consejero "ha demostrado su ineptitud al frente de la consejería recortando 900 millones de euros con los que se podrían hacer diez hospitales de Alcañiz".
La "hipoteca" presupuestaria como principal argumento
Buena parte de la estrategia judicial de los recurrentes pasa por que los tribunales consideren irregular que el actual Gobierno de Aragón "hipoteque", a dos meses de las elecciones autonómicas, a los seis próximos ejecutivos con una actuación a pagar en 20 años.
Cabe recordar que el llamado "contrato de concesión de obra pública del nuevo hospital de Alcañiz para la adecuación del proyecto de ejecución, la construcción de la infraestructura sanitaria, financiación, prestación de servicios asociados a la disponibilidad de la misma y explotación de determinados servicios no clínicos" sale a licitación con un presupuesto base de 451.174.551 euros (IVA incluido) que el Gobierno pagará entre 2018 y 2037. El estimado de las inversiones inmuebles a realizar por el concesionario (obras y reposiciones) asciende a 119.606.244,90 euros (IVA incluido). El resto, hasta llegar a la cifra total, corresponde a gastos de explotación, privatización de servicios no asistenciales, intereses y beneficio para la empresa constructora, entre otros.
La mayor parte de los servicios que irán vinculados a la concesión ya están privatizados actualmente como son la limpieza o la vigilancia, pero se han incluido algunos que actualmente se prestan por trabajadores públicos como son la cocina y el mantenimiento. La empresa privada se ocupará también de los servicios comerciales: cafetería y restaurante, vending y televisión. En el segundo estudio de viabilidad, que se hizo tras las alegaciones presentadas en julio, se excluyó la privatización de servicios como esterilización, celadores, lavandería, telefonía, gestión de personal administrativo y almacén.
Según ha reiterado el Gobierno de Aragón, los pacientes serán atendidos por personal del Salud que también se ocupará de la gestión del centro sanitario, por lo que, según han asegurado desde la consejería de Sanidad, la asistencia sanitaria será cien por cien pública
El 16 de marzo -siete días después de lo que se anunció en un principio- expira el plazo para presentar ofertas y la intención del Ejecutivo, tras abrir los sobres el día 27, es adjudicar las obras en el mes de abril. A partir de ahí, la adjudicataria tendrá un plazo de tres meses para adecuar el proyecto, por lo que las obras podrían iniciarse hacia el mes de agosto. El plazo de ejecución es de 30 meses. El nuevo equipamiento sanitario tendrá un total de 194 camas, frente a las 135 actuales; aumentará el número de quirófanos, de los cuatro actuales a seis; se pasará de ocho a 13 boxes de urgencias; habrá un total de 62 consultas, frente a las 35 actuales, y 114 despachos; e incorporará una UCI, un servicio que actualmente no existe.

Fuente: diariodeteruel.es

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