Marea Blanca Aragon

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miércoles, 15 de abril de 2015

Salud expedienta a dos hospitales por subcontratar adjudicaciones públicas

Sagrat Cor y Sant Rafael derivaron a una empresa el servicio de rehabilitación y logopedia








El Departamento de Salud ha abierto un expediente sancionador contra los hospitales Sagrat Cor y Sant Rafael por subcontratar ilegalmente a una empresa privada, Codebi BCN, los servicios públicos de rehabilitación y logopedia que les había adjudicado el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut). La medida, dada a conocer ayer por el consejero Boi Ruiz en una respuesta parlamentaria a la diputada
Marta Ribas (ICV), es el resultado de la inspección abierta por Salud el pasado mes de diciembre tras la publicación por EL PAÍS de dos informaciones denunciando el caso.

El Sagrat Cor (propiedad de la empresa IDC Salud) y el Sant Rafael (gestionado por una orden religiosa) son dos hospitales privados integrados en la red pública. Esto les permite solicitar al CatSalut la adjudicación directa —sin concurso público— de contratos financiados por la Generalitat, como son los de rehabilitación y logopedia. La única condición que deben cumplir es prestar estos servicios con sus propios medios, ya que si los subcontratan están de facto entregando a dedo la adjudicación a una tercera empresa que ni forma parte de la red pública ni ha pasado por un concurso público. Es por ello que la ley de contratación pública prohíbe expresamente esta práctica.

La Inspección de Salud, según la respuesta parlamentaria de Boi Ruiz, ha comprobado que los dos hospitales firmaron en verano de 2012 sendos “acuerdos marco” con Codebi BCN para prestar los servicios de rehabilitación y logopedia a una población de más de 250.000 personas en los distritos de la Esquerra de l'Eixample y Horta-Guinardo. Estos acuerdos, llamados por los hospitales “alianzas estratégicas”, debían servir para prestar el servicio conjuntamente aprovechando las “sinergias” entre la empresa especializada, Codebi BCN, y los medios de ambos hospitales, según manifestaron entonces ambos centros.

La inspección concluye ahora, sin embargo, que “existen elementos suficientes para considerar que los acuerdos marco respondían a la figura jurídica de subcontratación”, es decir, que las alianzas estratégicas fueron utilizadas por los dos hospitales para encubrir lo que en realidad era una cesión ilegal de una adjudicación pública.

El CatSalut, según suscribe Boi Ruiz, ha reaccionado a los hechos con dos medidas. Por un lado, el pasado 4 de marzo abrió un “procedimiento de penalización contractual” que culminará “en las próximas semanas”. Salud declinó ayer informar sobre la sanción que este expediente puede suponer para los dos hospitales investigados. Por otra parte, Salud ha instado a los dos hospitales a que corrijan la situación bien “asumiendo la prestación directa del servicio de rehabilitación y logopedia” adjudicado o bien “modificando la relación establecida en el documento de alianza estratégica que han suscrito con Codebi BCN”.

Este último punto causó ayer extrañeza entre los partidos ICV, CUP, PSC y Ciutadans. “Resulta difícil de entender que se dé una segunda oportunidad a los hospitales para arreglar la situación de ilegalidad que ellos mismos han creado”, afirmó la diputada ecosocialista Marta Ribas. Los cuatro partidos coincidieron en declarar que van a exigir a Salud “toda la información sobre el caso para que se depuren las responsabilidades necesarias”, lo que en el caso de ICV podría pasar por “emprender acciones legales”. Núria Segú, del PSC, calificó el caso como “el último ejemplo de los resultados de las políticas de Boi Ruiz, que han servido para privatizar actividad y desvirtuar la red sanitaria pública”.

Carme Pérez, de Ciutadans, recordó por su parte que “la ley de contratos establece que las empresas o entidades que subcontraten adjudicaciones públicas no volverán a poder recibir contratos de las Administraciones”.

Isabel Vallet, diputada de la CUP, exigió que “ante la evidencia de irregularidades, se suspenda de inmediato lo que ha quedado acreditado que es una subcontratación” y que sean los hospitales públicos los que presten estos servicios “de forma directa”.

La subcontratación de la adjudicación pública a Codebi BCN no era el único asunto controvertido del caso, según los documentos a los que tuvo acceso este diario (contratos, documentos y correos electrónicos internos...). Estos ponen de manifiesto que el CatSalut, dirigido por Josep Maria Padrosa, adjudicó en 2012 al Sagrat Cor los servicios de rehabilitación y logopedia para atender a la población de cinco áreas básicas de salud (ABS) de la Esquerra del Eixample por 952.000 euros anuales. Esta cifra es superior, pese a los recortes aplicados a la sanidad pública, en un 32% a los 722.000 euros por los mismos servicios seis años antes, cuando se llevó a cabo la anterior adjudicación. Salud también declinó entonces justificar esta diferencia y ofrecer los datos sobre la zona atendida por el hospital Sant Rafael en el distrito de Horta-Guinardó. Otro hecho destacable era que Codebi BCN había quedado excluida del gran concurso público adjudicado en 2012 por haber obtenido puntuaciones muy bajas o no cumplir los requisitos técnicos. Esto dejaba a la empresa sin opciones de lograr adjudicación pública alguna a no ser que recurriera a las alianzas estratégicas ahora declaradas ilegales. En su respuesta parlamentaria, sin embargo, Boi Ruiz afirma erróneamente que Codebi BCN quedó excluida porque su “oferta económica no fue la óptima”.

Por último, este diario también pudo saber que Codebi BCN ni siquiera cuenta con el personal para prestar el servicio de fisioterapia y logopedia, sino que debe a su vez subcontratar el servicio a trabajadores autónomos.

Fuente: elpais.com

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