Marea Blanca Aragon

Marea Blanca Aragon
Marea Blanca Aragon

domingo, 31 de mayo de 2015

Las cinco grandes demandas del 15M que pueden hacerse realidad

 La llegada al poder de los nuevos partidos y candidaturas de unidad popular acerca a la realidad algunas de las grandes demandas clamadas en las plazas durante la primavera de 2011.

 

 Ha llovido mucho desde que el 15 de mayo de 2011 miles de “indignados” comenzaran a llegar a las plazas de todas las ciudades españolas para exigir derechos sociales y responsabilidades por la crisis. El movimiento se manifestó de manera permanente y logró, con esfuerzos ímprobos en interminables asambleas, dar forma a sus demandas. Pero ha llovido tanto que algunas de ellas ya han sido aplicadas y derogadas (véase la ley antidesahucios aprobada en Andalucía y declarada, hace unos días, anticonstitucional).

Pero la sombra del 15M es alargada, y algunos de sus emblemas son hoy un requisito para todo programa político que se precie en el país. En cuanto al resto de ideas, es ahora o nunca: la llegada al
poder de los nuevos partidos y candidaturas de unidad popular acerca a la realidad algunas de las grandes demandas clamadas en las plazas durante aquella primavera.

Privilegios de la clase política

El primer conjunto de demandas de gran consenso del 15M pedía a la eliminación de los privilegios de la clase política. Exigía la “supresión de los privilegios en el pago de impuestos, años de cotización” y la “equiparación del salario de los representantes electos al salario medio español más las dietas necesarias indispensables”. El “Plan de Choque” de Ada Colau es quizá el programa que mejor contempla este requisito, con la reducción de salarios de concejales y cargos políticos, la supresión de las dietas injustificadas y, un paso más allá, la eliminación de los coches oficiales. El Plan de Emergencia Ciudadana en el programa de Podemos también recoge el guante, y plantea la retención de partidas como las dietas a cargos públicos hasta que no se hayan resuelto otros pagos prioritarios, y en general asume la necesidad de “limitar los sueldos de los cargos públicos”.

También se pidió el fin de la inmunidad asociada al cargo, lo que parece más una profecía que una exigencia: los innumerables casos de corrupción conocidos durante estos cuatro años han hecho todos los grandes partidos hayan manifestado su intención de eliminar el sistema de aforamientos. Ciudadanos es la formación que más claro lo plasma en el documento para abordar la posibilidad de pactos: uno de los principales ejes, el de la regeneración democrática, exige el fin de los aforamientos explícitamente; algo que muchos partidos han dejado en el olvido o han dado por hecho, pero sin plasmarlo en su programa.

En cuanto a la “publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos”, el documento de Podemos requiere que sus cargos y también los de libre designación hagan una declaración anual de sus bienes, un sumario mensual de gastos relativos al ejercicio de su función e informen de su agenda pública.

Las plazas también clamaron por el fin de los cargos de libre designación. IU se propone acabar con el clientelismo de la clase política limitando el número de cargos de libre designación y apostando por el sistema de concurso. Algo parecido a lo que se propone Manuela Carmena de llegar al Ayuntamiento de Madrid: “reestructurar el organigrama del Ayuntamiento con el fin de reducir y limitar cargos de asesores y puestos de libre designación, estableciendo criterios objetivos de mérito y capacidad y favoreciendo la designación de funcionarios de carrera”. PP y PSOE no incluyen este punto en sus programas.

La lucha contra el desempleo

El 15M pedía la reducción de las jornadas laborales hasta que el paro en España bajase a la cifra que se considera estructural (5%). En este sentido, se hizo famosa la propuesta de Pablo Iglesias de “desarrollar un plan gradual para la implementación de la jornada laboral de 35 horas con el fin de repartir el empleo”, la misma propuesta que hace IU, a lo que añade el límite para jubilarse en 65 años y “trabajar para su ampliación progresiva hasta los 60”. El resto de partidos no ha asumido esta propuesta.

Hay un punto en el que las asambleas quincemayistas se esmeraron por concretar: pedían “bonificaciones para aquellas empresas con menos de un 10% de contratación temporal”. Aunque ningún partido ha llegado a formularlo así, la formación más preocupada por la contratación y la ayuda a la empresa es Ciudadanos, que propone toda una batería de incentivos a la contratación y la bajada de impuestos para aquellas empresas que generen nuevos empleos. Por su parte, Podemos apuesta por los incentivos fiscales “para empresas que se anclen en zonas rurales y para la creación de cooperativas”.

Aquella primavera del 2011 también clamó por el restablecimiento del subsidio de 426 euros para todos los parados de larga duración. Ni PP ni PSOE recogen una propuesta concreta sobre lo que debería cobrar este colectivo, y C’s se centra en la reactivación del empleo. Izquierda Unida y Podemos sí lo tratan de manera concreta. El partido de Pablo Iglesias establece un Plan de Garantía de Renta para asegurar una Renta Mínima de Inserción (RMI) lo más cercana posible al salario mínimo, aunque no establece duración ni condiciones. Izquierda Unida salta de la prestación por desempleo a la creación de empleo público, pues su apuesta, llamada “Empleo Garantizado”: la administración estaría obligada a ofrecer un empleo cuyos salarios irían en función del nivel formativo, llegando a cobrar por jornadas laborales de 35 horas semanales 1.047€, 951€, y 794€ netos mensuales. Según la formación, implantar este sistema tendría un coste inicial del 2,3% del PIB, frente al 6,3% invertido en rescatar a la banca.

El derecho a techo

El 15M, heredero de aquel protomovimiento que tenía como lemas “Sin trabajo. Sin casa. Sin futuro” o “No tendrás una casa en la puta vida”, aglutinó sus demandas en tres puntos: la expropiación estatal de viviendas en stock, las ayudas para el alquiler para jóvenes y personas de bajos recursos y la dación en pago para los hogares que no pueden hacer frente a sus hipotecas.

En cuanto al segundo punto, quizá ya lleguemos tarde. En estos cuatro años ha dado tiempo a que la Junta de Andalucía, cuya consejería de Vivienda quedó en manos de Izquierda Unida, promoviese la “expropiación” de viviendas vacías a bancos, y también a que el Tribunal Constitucional lo declarara ilegal. Promesa cumplida y después malograda, que espera ahora a que otros partidos lo intenten por otras vías.

Las promesas para facilitar el acceso a la vivienda a las familias con menores ingresos aparecen en los programas de todos los grandes partidos, pero PP, PSOE y CS rehúyen el concepto de dación en pago. Izquierda Unida la exige y Podemos la contempla como uno de los mecanismos plausibles para el “rescate del ciudadano”, aunque no lo considera el mejor porque el individuo pierde la vivienda. Tanto Barcelona en Comú como Ahora Madrid contemplan en sus planes de choque prohibir los desahucios de hogares sin alternativa ocupacional, una medida que ni siquiera formulada por el 15M.

Ajuste de cuentas con la banca

Los simpatizantes de aquel movimiento nacido en las plazas tenían en la banca a su gran enemigo. Demandó la prohibición de dinero público en entidades financieras y pidó al sector responsabilidades por los efectos de sus operaciones de especulación durante la crisis.

Lo que ha quedado de todo aquello son las iniciativas de las nuevas formaciones para auditar la deuda que la ciudadanía ha contraído tras invertir en el rescate bancario. Izquierda Unida vuelve a ser el grupo que recoge de manera más literal aquella demanda, exigiendo además una banca pública. Esa es una medida que también encontramos en el programa de Podemos, que quiere apostar por una banca que asegure “la cobertura de las principales necesidades sociales y productivas”.

La justicia a través de los impuestos

Los indignados españoles reclamaron más igualdad en el pago de impuestos de los grandes patrimonios y fortunas, demandaron la eliminación de las SICAV, el aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas y un control real del fraude fiscal y del uso de paraísos fiscales.

El aluvión de casos de empresarios y políticos cuyas cuentas en Suiza, Andorra o cualquier han llegado a las portadas, han hecho de la lucha contra la evasión fiscal un pilar básico, sobre el papel, de todos los programas.

Solo Izquierda Unida y Ciudadanos, en cambio, concretan una reforma directa del diseño actual de las Sicav. En cuanto a una posible redistribución de los impuestos que pagan los ciudadanos: los populares defienden su reciente reforma fiscal y creen que será motor, en adelante, de creación de empleo y generación de igualdad. Los socialistas concentran sus esfuerzos por “una fiscalidad justa” en el impuesto sobre sucesiones y donaciones.

Ciudadanos apuesta por la subida de los tributos indirectos, para recaudar más sin subir los impuestos, un camino inverso a lo demandado por el 15M con un IVA general de entre un 16% y un 19%. Tanto IU como Podemos financiarían gran parte de sus propuestas con la regulación del capital sumergido y la lucha contra el fraude fiscal, por lo que marcan como primeros objetivos las grandes fortunas.

Los primeros pasos de los nuevos elegidos en estas elecciones nos dirán en qué medida todos aquellos jóvenes y no tan jóvenes que tomaron las plazas llevaban dentro a un legislador de futuro.

Fuente:  elboletin.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario