Marea Blanca Aragon

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martes, 23 de junio de 2015

Casi 98.000 familias españolas han perdido su casa desde 2012

 Desde el inicio de la crisis se han iniciado en nuestro país 598.747 procesos de ejecución hipotecaria. 

La vivienda social en nuestro país solo representa un 1,1% del total, frente al 32% de Países Bajos o el 23% de Austria, según denuncia Amnistía Internacional. 

El 30% de las viviendas vacías de Europa se encuentran en España. 

 Entre el año 2009 y el 2015, el gasto público de vivienda se ha reducido en los Presupuestos Generales del Estado en más de un 50%.


Miles de familias han perdido su vivienda como consecuencia de los desalojos hipotecarios en los dos últimos años. En concreto, entre enero de 2012 y junio de 2014, el Banco de España documentó un total de 97.577 desalojos hipotecarios de viviendas habituales ejecutados, de los que 52.000 se derivaron de un procedimiento judicial, según ha denunciado este martes Amnistía Internacional en un informe titulado Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España. 

El documento señala que "la mayoría de los desalojos afectan a casas construidas y compradas durante la etapa de bonanza económica de la década hasta 2008". "La vivienda en propiedad se consideraba una inversión segura y las hipotecas se convirtieron en un producto muy atractivo para el sector financiero", explica. La organización en defensa de los derechos humanos denuncia en el informe que entre 2008 y el primer trimestre de 2015, se han iniciado en nuestro país 598.747 procesos de ejecución hipotecaria, según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. 

Estos datos, sin embargo, no concretan si se trata de una vivienda o un local comercial. Y todo ello pese a que el 30% de las viviendas vacías de Europa se encuentran en España, que cuenta con un total de 3,44 millones, según el último censo realizado por el Intituto Nacional de Estadística en 2011. El documento de Amnistía Internacional también indica que en España hay más de 250.000 viviendas con algún tipo de protección pública. Pese a ello, la vivienda social en nuestro país solo representa un 1,1% del total, frente al 32% de Países Bajos, el 23% de Austria, el 18% de Reino Unido y el 17% de Francia, entre otros. "Las autoridades españolas no han respondido suficientemente a la crisis económica y al consiguiente aumento del número de desalojos con políticas públicas proactivas para proteger y realizar el derecho a la vivienda", sostiene el documento. 

El informe se centra especialmente en Madrid y Cataluña, a la cabeza en número de lanzamientos. En 2014, Cataluña fue la comunidad autónoma donde se produjeron más desalojos (15.66) seguida de Comunidad Valenciana (10.471), Andalucía (10.344) y Madrid (7.966). Amnistía Internacional ha detectado que "las autoridades públicas de Madrid y Cataluña están adoptando medidas regresivas injustificadas sobre el derecho a la vivienda". Entre ellas, destaca la "venta de viviendas sociales a sociedades de inversión".

 Medidas "insuficientes"

 Con la crisis, el Estado tambien ha reducido su apoyo a la vivienda pública. Entre el año 2009 y el 2015, el gasto público de vivienda se ha reducido en los Presupuestos Generales del Estado en más de un 50%. Según Eurostat, las ayudas a la vivienda descendieron de 40,95€ por persona en 2008 a 27,79 en 2012. La medida en la Unión Europea fue de 134,65€ en 2012. Tampoco han funcionado las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno desde 2012 dirigidas a mejorar la situación de las familias en riesgo de perder su vivienda.

 El Ejecutivo ha establecido un Código de Buenas Prácticas para los bancos y una ley de segunda oportunidad que Amnistía Internacional considera "insuficientes", ya que ha beneficiado únicamente a 31.500 familias: "La legislación no prevé un mecanismo obligatorio que garantice la igualdad de condiciones en la negociación entre las familias y las instituciones financieras, algo fundamental para garantizar que sólo se recurre al desalojo como último recurso". Con todos estos datos, Amnistía Internacional concluye que el derecho a una vivienda corre peligro en España debido a que "las autoridades competentes no ha adoptado las medidas oportunas para proteger y hacer efectivo este derecho", recogido en la Constitución.

 La organización considera además que "deben habilitarse mecanismos jurídicos y judiciales que permitan defender ante los tribunales el derecho a la vivienda de las personas afectadas por desalojos hipotecarios". Por último, solicita un mecanismo que vigile la negociación entre bancos y familias, para garantizar que el desalojo es realmente el último recurso.

                                                                                                                           Fuente: 20minutos.es

Casi 98.000 familias españolas han perdido su casa desde 2012

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2496109/0/desalojos/espana/informe-amnistia-internacional/#xtor=AD-15&xts=467263
Casi 98.000 familias españolas han perdido su casa desde 2012

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Casi 98.000 familias españolas han perdido su casa desde 2012

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