Marea Blanca Aragon

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jueves, 25 de junio de 2015

El Gobierno busca hacer un guiño a los funcionarios, pero los sindicatos critican el electoralismo 

 El colectivo acumula una bajada de sueldo del 5%, seis años de congelación salarial, el recorte de una paga extra y la reducción de la cobertura sanitaria de los funcionarios de Muface

 CCOO, UGT y CSIF llevan meses reclamando una mesa de negociación real para hablar de salarios y recuperación del empleo público

 

 Montoro asegura que se devolverá la extra a los funcionarios cuando haya margen presupuestario

Que el Gobierno busca hacer un guiño a los funcionarios antes de las elecciones se da ya por descontado, aunque el qué, el cómo y el cuándo está aún en el aire. Y son esos tres factores los que más importan a los sindicatos, que llevan meses reclamando una negociación con la administración que ha estado congelada. Es por eso que las palabras hoy del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no han caído bien en el colectivo. Montoro ha confirmado que el Gobierno busca devolver el esfuerzo hecho, "también a los funcionarios". Las centrales piden la apertura de un diálogo real y recuerdan que los funcionarios llevan acumulada una pérdida de poder adquisitivo de prácticamente
el 30% desde que comenzó la crisis.
El primer gran golpe tuvo lugar en 2010, cuando el Gobierno de Zapatero anunció una bajada de sueldo de un 5% de media para los funcionarrios de todas las administraciones. La rebaja era proporcional al sueldo y se sumaba a las congelaciones salariales que durante algunos años anteriores ya había sufrido el colectivo. Al mismo tiempo, la jornada laboral subía de 35 horas semanales a 37,5, aunque algunos colectivos ya cumplían con esas horas.
Las congelaciones que se han prolongado durante seis años, hasta este mismo 2015. En 2012, se sumó la decisión del Ejecutivo de Rajoy de suprimir la paga extra de Navidad de los funcionarios o, lo que es lo mismo, una parte de su salario. Redujo también el número de días de libre disposición, los llamados 'moscosos'.
A estos recortes se suman otros. Es el caso de las prestaciones complementarios de los funcionarios que pertenecen a la Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil del Estado (Muface): el Gobierno rebajó el año pasado las ayudas que prestaba para, por ejemplo, productos protésicos, gafas, o implantes dentales. La medida afectaba, según cálculos de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, a un millón y medio de personas, entre el personal funcionario y sus beneficiarios.
A partir de este año, además, los funcionarios bajo la cobertura médica de Muface han visto reducida sus prestaciones sanitarias debido a que el resupuesto que el Gobierno destina a ello es insuficiente para las aseguradoras. Las pólizas han dejado de cubrir tratamientos de oncología, cardiología o neurología.
"CCOO quiere hechos y no propaganda electoral", ha dicho el sindicato, que exige al Gobierno que atienda a las reivindicaciones del personal público. Tanto CCOO, como CSIF y UGT consideran urgente poner sobre la mesa la pérdida de poder adquisitivo del colectivo, la recuperación de la paga extra, o el recorte de empleo público y la necesidad de aumentar plantillas.
"El Gobierno, con la credibilidad a cero tras la legislatura sin diálogo social, pretende a última hora ganar el tiempo lanzando una serie de propuestas (o meros globos-sonda) que no valdrán nada si no se apresura a concretarlas y a cumplirlas con la misma celeridad con que ha suprimido muchos de los derechos de los trabajadores en los últimos tres años y medio", ha afirmado UGT.

Menos empleo público

La pérdida de plantillas y la merma de los servicios públicos es una de las denuncias más airadas de los sindicatos. "Los recortes en gastos de personal, las tasas de reposición, amortizaciones, jubilaciones, despidos, externalizaciones etc. han reducido drásticamente el volumen de empleo público hasta alcanzar una cifra similar a la del año 2007", señalaba un reciente informe de la Federación de Servicios Públicos de UGT, que ponía en evidencia la dificultad de prestar unos servicios correctos con los recursos actualmente disponibles.
Según este informe, desde enero de 2012 hasta 2014 se han perdido 166.521 puestos de trabajo en el total de las administraciones públicas. En educación, por ejemplo, la pérdida es de 6.184 personas. En la administración local, que tiene transferidos servicios sociales clave, la destrucción ha sido de casi 41.000 empleos. 
Fuente:  eldiario.es

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