sábado, 5 de septiembre de 2015

Un informe de la UE prueba que la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares genera ahorros

La Unión Europea (UE) ha hecho público recientemente el documento ‘Coste de la exclusión sanitaria. El caso de los inmigrantes en situación irregular‘, informe de su Agencia de Derechos Fundamentales (FRA), que demuestra a sus Estados miembros que dar atención sanitaria a este colectivo de personas “puede generar ahorros”.



Según expone en este sentido el análisis, los países de la Unión Europea podrían conseguir reducir costes dentro de su gasto sanitario “si ofrecieran atención integral a los inmigrantes en situación irregular, en lugar de limitarla a los Servicios de Urgencias”. De esta manera lo evidencia a través de datos de Alemania, Grecia y Suecia.

Este trabajo, que estudió “dos causas comunes de problemas de salud en Europa, como son la
hipertensión y la atención durante el embarazo”, muestra que ofrecer una atención integral a los inmigrantes hipertensos “podría generar un ahorro del 9 por ciento en tan sólo un año”. Este porcentaje, además, “aumentaría hasta un 13 por ciento en cinco años y se estabilizaría en un 16 por ciento”, indica.

“Gracias a un seguimiento de estos pacientes en cada país se podrían prevenir más de 300 ictus y más de 200 infartos de miocardio por cada 1.000 inmigrantes irregulares”, continúa el informe de la Unión Europea, que sostiene que en estos eventos cardiovasculares, “la hipertensión es un importante factor de riesgo”.
El descenso del coste al atender el embarazo puede llegar hasta el 69%

En referencia a la atención del embarazo, por su parte, los analistas que llevaron a cabo el documento declaran que “podrían generarse en dos años unos ahorros del 48 por ciento en Alemania y Grecia, y de hasta un 69 por ciento en Suecia, como consecuencia de la atención que luego necesitan los bebés que vienen bajos de peso y no se detecta hasta que nacen”.

Una vez expuestos estos resultados, el FRA, que recuerda que la reforma sanitaria que impulsó el Gobierno de España en 2012 “limitó el derecho de este colectivo a disponer de tarjeta sanitaria y desde entonces sólo tienen acceso a Urgencias, la atención pediátrica, durante el embarazo, parto y postparto, o en caso de enfermedades infecciosas”; destaca que ahora el Ejecutivo ibérico “trata de ampliar” esta cobertura.

Al respecto, esta Agencia de la Unión Europea alerta de la “necesidad” de que los Estados miembros “cumplan con sus obligaciones y ofrezcan una asistencia sanitaria adecuada a todos los ciudadanos”. En este sentido, considera que los datos mostrados “deben servir como un poderoso argumento para mejorar la prestación de este colectivo”.

Fuente:  actasanitaria.com

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