viernes, 23 de octubre de 2015

La justicia falla contra la Administración por negar la tarjeta sanitaria a una anciana con papeles 

 Estela, argentina de 86 años, tiene un permiso de residencia gracias a una reagrupación familiar pero la Seguridad Social le niega la tarjeta sanitaria

El Gobierno ha iniciado los trámites para expulsarla del país, por no tener cobertura sanitaria a través de un seguro privado

La Seguridad Social ha recurrido la sentencia del juzgado de Madrid que reconoce el derecho de la mujer al sistema público de salud

Annie y su padre, excluido del sistema de salud pública / Alejandro Navarro Bustamante
El Gobierno inicia la expulsión de ancianos con papeles a los que niega la tarjeta sanitaria

Estela tiene 86 años y está en el limbo. Esta argentina vino a España gracias a una reagrupación familiar solicitada por su nuera Nuria, española. El Gobierno le autorizó la residencia en 2012, pero cuando llegó le negó el acceso a la tarjeta sanitaria con el argumento de que debería haber venido con un seguro privado: algo que nunca le exigieron para darle los papeles. Lo mismo les ha ocurrido a muchos otros ancianos reagrupados legalmente por sus familias, pero en el caso de Estela  el Gobierno inició un procedimiento para expulsarla del país por no tener ese seguro privado. La
familia recurrió la denegación de la tarjeta sanitaria –además de la expulsión en otro proceso– y han ganado en los tribunales el primer asalto. Un juzgado ha reconocido su derecho al sistema de salud público, decisión que la Seguridad Social ha recurrido.
La familia recibió la noticia con brindis ante la extrañeza de Estela (nombre ficticio). La mujer no sabe que el Ejecutivo le ha notificado la extinción de su permiso de residencia, ni todo lo que la familia lleva pasado por la denegación de la tarjeta sanitaria porque no quieren asustarla. "Los llamé para darles la noticia de la sentencia. Estaban comiendo y empezaron a brindar. Estela no entendía nada y le dijeron que era por una multa que les habían quitado", cuenta su abogado Gorka Vellé, voluntario de Médicos del Mundo Madrid, organización que ha asesorado a la familia en todo el proceso.
Ahora, tras el recurso de la Seguridad Social, la batalla se alarga de nuevo. Esperan volver a ganar para que Estela pueda tener por fin un seguimiento médico, siempre aconsejable pero más a su edad. "Tiene los típicos achaques de la edad. Alguna vez han tenido que ir a urgencias y el hijo tiene amigos médicos que cuando pueden le echan un vistazo", explica Vellé.
Para Estela tener tarjeta sanitaria significaría también que el procedimiento de expulsión abierto por la Delegación del Gobierno en Madrid quedaría en el aire. El Ejecutivo la quiere expulsar porque asegura que debería tener contratado un seguro privado para haber conseguido el permiso de residencia gracias al que vive con sus nietos; la justicia ha resuelto ahora que tiene derecho a la tarjeta sanitaria por el hecho de tener ese permiso vigente.

Con papeles y sin tarjeta sanitaria

La reforma del Gobierno dejó a cientos de miles de inmigrantes en situación irregular sin tarjeta sanitaria. Aunque no fueron los únicos. El decreto ley 16/2012 afectó también a algunas personas que residen de manera regular en el país, entre ellas a los ascendientes que fueron reagrupados por sus familiares, que no trabajan ni cotizan en el país, y el Gobierno entiende que para venir a España les deberían haber exigido un seguro privado. Pero no se lo pidieron y tienen sus papeles, que les deberían garantizar su acceso normalizado a la sanidad pública.
Así lo ha manifestado una magistrada del juzgado de lo Social número 20 de Madrid a propósito de Estela y "declara el derecho de la actora [a] que le sea reconocido la asistencia sanitaria". En el texto, la jueza expone que "en atención a la normativa expuesta la demandante tiene la condición de asegurada" al ser titular de una autorización de residencia "que se encontraba vigente en el momento en que formuló solicitud de asistencia sanitaria".

Fuente:  eldiario.es

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