sábado, 27 de febrero de 2016

Copago farmacéutico, listas de espera y exclusión sanitaria en el informe del Defensor del Pueblo

REFERENTE A LAS QUEJAS RECIBIDAS DURANTE EL 2015

 

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La oficina del Defensor del Pueblo, cargo que ostenta Soledad Becerril, ha presentado su ‘Informe Anual 2015‘, el cual evidencia que, de las quejas recibidas y admitidas por esta institución en 2015 relacionadas con la sanidad, el 57 por ciento estaban vinculadas con el derecho a la asistencia sanitaria; el documento también aborda los casos de listas de espera de “incluso años” y recuerda los diferentes colectivos afectados por el copago farmacéutico.
Las quejas en materia de salud durante 2015 se concentraron en la atención especializada, siendo dos de cada tres de las tramitadas en dicho período. En gran medida, explica el texto, ello se debe a tres
colectivos de quejas, relacionados con “las posibilidades de acompañamiento y actuación de las doulas; a la disconformidad con un proyecto de real decreto, en lo relativo a las atribuciones de los podólogos; y a los problemas derivados de la rescisión del Convenio para la atención del Servicio de Logopedia en el Área del Hospital de Getafe”.

Igualmente, explica el informe que, en 2015, se tramitaron actuaciones con la práctica totalidad de organismos competentes en materia sanitaria. Sin embargo, aclara que, en cuanto a atención especializada, “se aprecia una concentración relevante de expedientes con organismos de las Comunidades Autónomas de Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña y Galicia, y en atención farmacéutica y medicamentos, donde casi un tercio de las actuaciones admitidas afectan a la Comunidad de Madrid”.

Por su parte, la apreciación de la institución del Defensor del Pueblo sobre la agilidad en la respuesta por parte de los diferentes organismos responsables es favorable, ya que en el informe se califica como “globalmente adecuada”.

El 57 por ciento de quejas admitidas es sobre el derecho a la asistencia

Destaca que más de un 57 por ciento de las admisiones a trámite “está referido a las quejas sobre derecho a la asistencia sanitaria, muy vinculadas a cuestiones de extranjería y a desplazamientos en el interior del territorio nacional”, por lo que las materias relacionadas con el derecho a la salud dieron origen, el pasado año, a 129 recomendaciones por parte de esta institución.

Igualmente, ”presentan altos porcentajes de admisión las quejas sobre derechos de información y documentación, con la prestación farmacéutica”, especialmente, según se explica en el texto, “en lo referente a la financiación pública de medicamentos y al copago de los usuarios”.

Al respecto recuerda la oficina del Defensor del Pueblo que “en supuestos de especial vulnerabilidad, como es el caso de personas inmigrantes sin autorización de residencia en España y con graves procesos de salud, el derecho a la protección a la salud debería amparar a toda persona, con independencia de su situación administrativa”.

Sin embargo, asegura que a pesar de que “los términos de la legislación en materia sanitaria resultan inequívocos, al afirmar el derecho de los inmigrantes en situación documental irregular a la asistencia sanitaria urgente”, en algunos centros “se procede a la formalización de facturas en estos supuestos”, apartado en el que se hace especial alusión a casos en las comunidades de Castilla-La Mancha y Madrid.

Listas de espera de “incluso años”

En cuanto a las demoras en la prestación sanitaria, el informe revela “la existencia de un elevado número de pacientes que deben esperar no pocos meses, e incluso años, para recibir tratamiento especializado”. Para la oficina del Defensor del Pueblo, “en estas quejas subyace que la demora en obtener la asistencia sigue siendo la principal causa de insatisfacción de los ciudadanos con la sanidad pública”.

El texto expone como ejemplos de esta situación un caso de tres años y medio para la realización de una cirugía bariátrica en el Hospital Doctor Negrín de Las Palmas; cinco años para un bypass gástrico en el Hospital Povisa de Vigo; entre año y medio y dos años para la realización de cirugía bariátrica en el Complejo Hospitalario de Toledo; siete meses en el Servicio de Urología para una intervención de carácter preferente en el Hospital Gregorio Marañón; y 22 meses en el Servicio de Traumatología del Hospital Morales Meseguer de Murcia, entre otros.

En cuanto a la Atención Primaria, los aspectos de mayor relevancia manifestados a la institución del Defensor Pueblo estuvieron relacionados con la “libre elección de profesionales sanitarios, dificultades en el acceso a la atención sanitaria, las demoras en la atención, la presión asistencial soportada por los profesionales, la dotación de personal y la dignidad de los pacientes”. Por su parte, “la estructura, organización y funcionamiento de los centros de atención especializada han dado lugar, un año más, a un elevado número de quejas y de actuaciones de oficio”.

Con respecto a las urgencias hospitalarias, “las quejas planteadas siguen incidiendo en situaciones de saturación de estos servicios”, lo que trae como consecuencia, como apunta el informe, “la vulneración de la intimidad y dignidad de los pacientes”. Como muestra de esta situación el documento destaca “la permanencia de pacientes, durante amplios períodos de tiempo, en camillas y en los pasillos de los Servicios de Urgencias de los Hospitales Vall d’Hebrón de Barcelona, La Paz de Madrid y Punta de Europa de Algeciras (Cádiz)”.

Por otra parte, el texto señala que se recibieron en 2015 “no pocas quejas” de los pacientes relacionadas directamente “con la falta de suficiente información sobre sus procesos asistenciales”.

Los afectados por el copago farmacéutico
Según el informe, la aplicación del nuevo modelo de aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica, el copago farmacéutico, que introdujo el Real Decreto-ley 16/2012, “continúa siendo objeto de un número destacado de quejas de aquellos ciudadanos que se ven perjudicados por las carencias o deficiencias del mismo”.

La institución del Defensor del Pueblo destaca, al respecto, como los principales afectadas de esta situación a “personas y familias con muy escasos recursos económicos cuya situación no puede encuadrarse en alguno de los supuestos tasados de exención en el copago farmacéutico”, que “deben abonar por tanto el 40 % del precio de los medicamentos”, así como a las personas con discapacidad, en grado igual o superior al 33 por ciento, “cuyas demás circunstancias personales o de percepción de prestaciones sociales no permite reconocerles la exención en el copago”.

Asimismo, y como derivación del “vigente régimen de aseguramiento sanitario que conllevan una aplicación inequitativa del copago farmacéutico”, destaca a los extranjeros sin autorización de residencia; ex cónyuges de pensionistas con edad avanzada; y pacientes oncológicos y con otras enfermedades graves que han agotado las ayudas o prestaciones sociales existentes.

También hace referencia el texto a la “indeterminación no resuelta sobre la Administración competente para resolver las reclamaciones de los usuarios sobre el tipo de aportación farmacéutica o la solicitud de reconocimiento de la exención”.

Fuente: actasanitaria.com

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