Marea Blanca Aragon

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miércoles, 7 de enero de 2015

España y los Derechos Humanos



La toma de posesión de España como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha querido coincidir en el tiempo con una situación que dice poco a favor del respeto que siente el régimen de Rajoy por la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Es posible, incluso, que nuestro ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo piense que esta Declaración es simple “literatura”, siguiendo la definición que él mismo atribuyó al contenido social de la Constitución Española.
En cualquier caso, el Gobierno de España ha decidido censurar un informe que él mismo había encargado a un comité de expertos como paso previo a la elaboración del II Plan de Derechos Humanos de nuestro país. Al parecer las conclusiones de este informe no han sido del gusto del régimen, por lo que la ciudadanía sólo podrá conocerlo íntegramente cuando sea publicado de forma privada por la Editorial Tirant Lo Blanch.
Desde un punto de vista estático, nuestro país tiene toda la legitimidad para optar a este puesto en el Consejo de Seguridad, ya que sus estándares sobre Derechos Humanos siguen estando por encima de la media mundial. Sin embargo, desde un punto de vista dinámico esta legitimidad es absolutamente cuestionable, si tenemos en cuenta el tremendo retroceso que ha experimentado España en materia de Derechos Humanos durante los últimos cuatro años.
La acción de un gobierno que bendice las detenciones arbitrarias, las sanciones económicas extrajudiciales en materia de libertad de reunión y de expresión, la prevalencia de los afanes especulativos de la banca respecto al derecho de las personas a una vivienda digna, las devoluciones en caliente de inmigrantes, la exclusión sanitaria de los sin papeles, o los recortes presupuestarios en materia de bienestar social, no es el mejor aval para formar parte de puestos de responsabilidad en los foros internacionales.
Del mismo modo, los continuos toques de atención humanitarios que durante los últimos cuatro años han dirigido a nuestro país diversas organizaciones internacionales y la propia ONU, deberían haber operado en contra de la candidatura española. En febrero de 2012, Naciones Unidas le dijo a España que debía investigar las violaciones de los Derechos Humanos cometidas durante nuestra historia reciente. A pesar de ello, y del incumplido ultimátum que la ONU daba a España en noviembre de 2013 para mostrar avances en la investigación sobre los desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo, las instituciones de nuestro país siguen dando la espalda a las víctimas de este genocidio.
En mayo de 2012, veinte oenegés denunciaron ante la ONU que en España no se respetaban suficientemente los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Poco después, Naciones Unidas pedía al régimen de Rajoy que revisara sus medidas de austeridad porque estaban entrando en colisión con los Derechos Humanos.
Siguiendo con esta línea de reproches internacionales hacia España, en diciembre de 2012 la organización Amnistía Internacional acudía a la Comisión Europea para señalar que, con la Ley Wert, la educación en materia de Derechos Humanos podría desaparecer del currículo de nuestro país. Seis meses después, Naciones Unidas recordaba a España que la crisis económica no debía suponer un freno para la lucha contra el racismo y la xenofobia.
En octubre de 2014, ocho organizaciones internacionales de periodistas denunciaron ante la ONU que la legislación española erosiona la libertad de información. Dos meses después, la crítica provenía de las propias Naciones Unidas y en esta ocasión se dirigía hacia el hecho de que las políticas de recorte están atentando contra los derechos de la mujer en España.
En todo caso, y ante esta innegable involución de los Derechos Humanos en nuestro país, es posible que España aproveche su presencia en el Consejo de Seguridad para apuntalar con su voto las políticas más unilaterales y agresivas de los Estados Unidos y sus aliados, tal como hizo durante su anterior participación en el órgano. En aquel momento (2003-2004), el régimen de Rajoy se llamaba régimen de Aznar, la lucha internacional contra el terrorismo se llamaba invasión ilegal de Iraq, y la dignidad de España se llamaba seguidismo de las mentiras contadas por Bush y de los crímenes a los que éstas dieron lugar.


Fuente: cronicadearagon.es

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