Marea Blanca Aragon

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viernes, 2 de enero de 2015

La subida del IVA al 21% asfixia aún más a la sanidad pública

La medida limitará la compra de tecnología quirúrgica y diagnóstica en los hospitales

El sistema pierde 55 millones que los centros pretenden encajar sin afectar al usuario

Bisturís, escáneres, tubos de resonancia magnética, mesas de operaciones, ecógrafos, radiógrafos, gasas, pinzas, termómetros e incluso el agua oxigenada que se utiliza en los hospitales, CAP y geriátricos del sistema sanitario público español quedarán gravados desde el próximo 1 de enero con
el impuesto de valor añadido (IVA) general: el 21%. La medida, descomunal desde la perspectiva de la muy recortada economía de esa red asistencial -que hasta ahora abonaba un 10% de IVA por los citados conceptos-, rompe sus equilibrios financieros y permite augurar nuevas restricciones en los capítulos que han cargado con las mermas presupuestarias impuestas desde el 2010.
Los servicios sanitarios de Catalunya han perdido un 18% de su disponibilidad económica, como media, en los útimos cuatro años. Dado que ni las direcciones de los centros ni la Generalitat ven razonable reducir más el salario del personal, el foco del ahorro se centrará en prolongar la suprimida renovación del material tecnológico envejecido u obsoleto, con las consecuencias que implique, y hacer «más eficiente» la actividad de los servicios, expone José Augusto García Navarro, director general del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSSC), que agrupa a 154 entidades sanitarias sin ánimo de lucro que conciertan su asistencia con la Generalitat, entre ellas 42 hospitales públicos (Clínic, Sant Pau o el Mar, en Barcelona) y 53 CAP.
«Se tratará de evitar, aún más, la duplicidad de pruebas diagnósticas innecesarias y suprimir las grietas de gasto prescindible -indica García Navarro-. El salario de los trabajadores ya no se puede tocar. Desde el 2010, han perdido un 27% de poder adquisitivo».
El nuevo IVA sanitario es consecuencia de una sentencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) emitió en el 2013 contra España, instando al Gobierno a incrementar dicho impuesto para equipararlo al que grava el material y la tecnología médica de la zona comunitaria. Dicha sentencia excluye del aumento impositivo los productos que son utilizados directamente por los pacientes, que siguen sujetos al 10% de IVA. Se trata, entre otros, de los dispositivos con que se inyectan insulina los diabéticos, sillas de ruedas, prótesis internas (de rodilla o cadera), implantes quirúrgicos o cánulas de traqueotomía.
El cambio tributario carga en 50 millones de euros el gasto sanitario anual en Catalunya -305 millones más en toda España-, de los que 25 millones afectarán a los centros del Institut Català de la Salut (ICS), propiedad de la Generalitat, y 30 al sector concertado. «Este incremento del IVA obligará a los hospitales a apretar más a sus proveedores, en busca de ofertas a la hora de comprar material o tecnología -considera Miquel Argenté, director del área de recursos económicos en el CatSalut-. El capítulo más afectado será el de las inversiones en nuevos aparatos, las innovaciones. Se mire como se mire, esto supone un nuevo encarecimiento para los centros sanitarios». A juicio de Argenté, la sentencia de la UE es «inoportuna pero razonable», ya que equipara a España con su entorno. Opina que el Gobierno español debería atenuar su impacto en el sistema sanitario. «Afecta a productos de primerísima necesidad», afirma. El ciudadano usuario de los servicios no debe notar cambios en su asistencia a causa del nuevo IVA, aseguran. «Ningún médico dejará de atender a sus pacientes como consideren necesario por más restricción presupuestaria que sufra», reitera García Navarro.
La preocupación, no obstante, es evidente en las dos patronales de centros concertados de Catalunya, el CSSC y la Unió Catalana d'Hospitals (UCH).

Fuente: elperiodico.com

 

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